Durante los últimos años hemos vivido una reactivación exponencial de la movilización en los centros de estudio. La capacidad actual del movimiento estudiantil viene auspiciada por el trabajo que ciertas organizaciones, entre las que se encuentra el Frente de Estudiantes y los comunistas, hemos desplegado en los centros de estudio a nivel estatal contra la reforma educativa central, ejercitando herramientas y dinámicas de organización y lucha en un panorama de desmovilización. Ahora, el agotamiento de la capacidad de contención social de la socialdemocracia y el mantenimiento de la experiencia colectiva a través de un sindicato estatal y unitario ha permitido que los núcleos militantes, comunistas y sindicales, formados en la intervención de masas al calor de la lucha contra la LOSU, lograran finalmente rasgar la paz social con las Acampadas por Palestina.
Estas no fueron, por supuesto, el único hito movilizador de su tiempo, pero sí el más importante y significativo del movimiento estudiantil. Por primera vez en más de un lustro miles de estudiantes en toda España se sumaban a las asambleas y, más aún, construían un espacio de lucha conjunto y sostenido en el tiempo. Uno de los elementos más destacables de la denuncia giraba en torno a reivindicaciones económico-inmediatas, es decir, no apuntaba única ni especialmente al señalamiento del imperialismo como fase superior del capitalismo ni a la raíz sistémica de la ocupación y la expansión sionista, que también, sino que se construía fundamentalmente en torno a demandas económicas e inmediatas, podríamos decir incluso sindicales: ruptura de relaciones diplomáticas, finalización de convenios, expulsión de entidades sionistas de los espacios de investigación, resolución de contratos con empresas cómplices del sionismo, etc. La base de la movilización de masas en los centros de estudio era lo que los comunistas llamamos la “conciencia económico-espontánea”, más allá de que en cada espacio diversos agentes e individuos pudieran plantear análisis más estructurales.
El hecho de que la movilización masiva de la comunidad educativa en general, y del estudiantado en concreto, responda a un nivel de conciencia “espontánea”, es algo que aunque parezca evidente no siempre ha sido asumido por una parte importante de las organizaciones políticas estudiantiles y juveniles. Durante muchos años, especialmente los de desmovilización, se popularizó un discurso que planteaba que en las aulas no tenía cabida ningún tipo de lucha sindical. La denuncia de leyes educativas o condiciones precarias de estudio, decían, ni movilizaba ni organizaba a nadie; donde había que poner el foco era en la organización “puramente política”. De esta forma, la tarea de las organizaciones revolucionarias era simplemente identificar y captar a los estudiantes más politizados de la facultad, construir un espacio “netamente revolucionario” o centrado únicamente en la denuncia política y, desde ahí, trabajar sin una dirección ni objetivos claros. Es decir, ante un panorama de desmovilización se daba por perdida la intervención de masas, apostando por un repliegue organizativo que se basaba más en el estereotipo del estudiante radicalizado por la llama de la juventud que en un análisis material de la condición social del estudiantado.
No obstante, la experiencia de los últimos años confirma las tesis que los CJC veníamos situando y debatiendo desde hace más de una década: el movimiento estudiantil es, como el resto de frentes de masas, un movimiento movido por reivindicaciones de carácter económico-espontáneo; y la lucha estudiantil de masas es, fundamentalmente, una lucha sindical. Las recientes movilizaciones masivas contra las concreciones autonómicas de la LOSU (como la LESUC en Madrid o la LUPA en Andalucía) y la infrafinanciación o los conflictos en torno a las prácticas de FP y la selectividad son un ejemplo claro de ello. El estudiantado se moviliza de la mano de las trabajadoras para denunciar la precariedad laboral, la falta de financiación, los proyectos de ley privatizadores o la gestión negligente de la educación; las denuncias se estructuran en torno a una lucha por el salario directo e indirecto de la clase trabajadora.
En este contexto, el cómo se dan las concreciones autonómicas de la reforma educativa en el ámbito universitario se ha convertido en uno de los principales ejes de conflicto durante los últimos cursos. Dicha reforma, lejos de corregir las deficiencias estructurales del sistema educativo, ha venido profundizando en tendencias ya existentes como la infrafinanciación, el avance de la privatización y, en definitiva, la consolidación de la subordinación de la formación superior a las necesidades del mercado de trabajo. En territorios como Madrid o Andalucía, esto se ha traducido en desarrollos legislativos que facilitan la entrada de capital privado, refuerzan la competencia entre centros y mantienen el encarecimiento de las condiciones de estudio y la precarización de amplios sectores de la comunidad educativa.
La cuestión clave en este punto no es únicamente la existencia de un conflicto, sino qué hacer con él. Si algo ha caracterizado al periodo reciente es la capacidad del estudiantado para movilizarse de forma amplia, pero también la dificultad para sostener en el tiempo esas dinámicas y dotarlas de continuidad. De ahí que una de las tareas fundamentales pase por transformar estas respuestas puntuales en procesos organizativos estables, capaces de acumular experiencia y de intervenir de forma sostenida en los centros de estudio, lo que se traduce en transformar estas respuestas reactivas en procesos de organización sostenida, capaces de acumular fuerzas y experiencia en los centros de estudio.
Esto implica partir de un programa de lucha que recoja las necesidades inmediatas del estudiantado y permita agrupar amplios sectores en torno a reivindicaciones concretas, que en el ámbito universitario incluyen la defensa de una financiación suficiente para la universidad pública, la oposición a los procesos de privatización y externalización, la garantía de condiciones materiales dignas (en términos de becas, transporte, alojamiento, etc.) y la denuncia de la creciente orientación empresarial de la universidad pública. Estas reivindicaciones no constituyen el horizonte revolucionario en sí mismas, sino el punto de partida desde el que desarrollamos la lucha de masas, elevando progresivamente el nivel de conciencia a través de la propia experiencia organizativa.
Esta misma lógica se expresa, con sus particularidades, en la Formación Profesional y en las enseñanzas medias. En la FP la adaptación al nuevo marco educativo ha evidenciado problemas estructurales en torno a las prácticas, desde la falta de plazas hasta la ausencia de garantías sobre sus condiciones, dando lugar a movilizaciones que, si bien han sido significativas, han tendido a ser puntuales y fragmentadas. En las enseñanzas medias, cuestiones como la selectividad, la falta de recursos o el deterioro de las condiciones en los centros siguen siendo elementos centrales, pero con una capacidad organizativa aún más limitada.
En todos estos casos, la tarea pasa por intervenir sobre conflictos que ya existen pero dotándolos de una perspectiva que permita superar su carácter inmediato. Es decir, no solo responder a cada problema concreto, sino utilizarlo como base para generar organización, ampliar la participación y consolidar espacios estables de intervención en los centros de estudio. Esto supone, necesariamente, superar las dinámicas espontáneas y reactivas que han marcado buena parte del ciclo reciente.
Es en este punto donde la cuestión de la forma organizativa adquiere centralidad. La experiencia acumulada en los últimos años ha mostrado con claridad los límites de las asambleas y plataformas cuando se plantean como estructuras permanentes: su dependencia de coyunturas concretas, su dificultad para sostener el trabajo cotidiano y su tendencia a la fragmentación territorial. Aunque puedan jugar un papel importante en momentos de auge movilizador, no son herramientas suficientes para articular de manera estable al conjunto del estudiantado.
Frente a estos límites, la construcción de un sindicato estudiantil de carácter estatal, unitario y de base se presenta como la forma más eficaz de organizar el movimiento estudiantil. Su carácter estatal permite conectar conflictos que, de otro modo, quedarían aislados, facilitando la circulación de experiencias y la articulación de respuestas comunes, así como la construcción de una oposición sólida a las políticas y ofensivas de los gobiernos centrales. Su carácter unitario hace posible agrupar a amplios sectores del estudiantado, independientemente de su grado de experiencia o nivel de politización, evitando la dispersión organizativa y permitiendo golpear como un solo puño en todo el Estado y a todos los niveles educativos. Y su carácter de base garantiza el arraigo en los centros de estudio, haciendo de la intervención cotidiana el eje de su desarrollo y el fundamento de su actividad. En definitiva, se trata de pasar de una dinámica marcada por la reacción a otra basada en la organización consciente y sostenida. Nuestro trabajo en este sentido queda claro: seguir trabajando en la extensión y consolidación del Frente de Estudiantes como la única estructura estudiantil que reúne actualmente estas características.
El reconocimiento del carácter sindical del movimiento estudiantil es fundamental para situar con claridad el resto de tareas de la Juventud Comunista, que no son otras que la de elevar la lucha económica en lucha político-revolucionaria y transformar la conciencia espontánea que fundamenta la primera en la conciencia revolucionaria que permite la segunda. Es decir, que sobre la base de cada conflicto en cada centro de estudios, desde la referencialidad que otorga el trabajar e impulsar la lucha en cada asamblea y sección sindical, en definitiva, desde la posición del tribuno popular, el militante comunista debe ser capaz de explicar a cada estudiante la conexión existente entre el problema concreto y el mapa general de la explotación capitalista.
Este trabajo elevación de conciencia, cuya herramienta principal es la propaganda comunista, debe asentarse además sobre la proyección de los CJC como la juventud del PCTE, como una organización que forma parte de un proyecto político partidario que va mucho más allá del movimiento estudiantil, y que precisamente lo que puede hacer es conectar este con el resto de frentes de lucha de las masas para situarlos bajo dirección comunista e insertarlos dentro de la estrategia revolucionaria. Y, dentro de este esquema, se trata de explotar el carácter escuela de la Juventud Comunista, es decir, de mostrar a los CJC como un espacio abierto de formación política y teórica que hace del estudio algo más que la mera formación de fuerza de trabajo, que es posible hacer de cada centro de estudios una escuela de lucha, que es posible ligar el desarrollo intelectual a la práctica y a la organización, a una instancia colectiva que nos pertenece, que pertenece a nuestra clase, y cuya finalidad última es lograr construir un mundo que nos pertenezca también.
