A través de distintos números y artículos del Juventud! se ha reflexionado sobre los históricos debates entre reforma y revolución, la relación y dialéctica entre la lucha económico-inmediata y la lucha político-revolucionaria o la forma y el fondo de la política comunista. Desde esas mismas coordenadas, desde el reconocimiento de las potencialidades revolucionarias del conflicto capitalista y el consecuente reconocimiento del papel de los comunistas, analizamos en el presente artículo el papel de los servicios públicos y la lucha por su defensa, una que en nuestra historia reciente ha llegado a aglutinar a cientos de miles de trabajadores.
Igual que en otras tantas ciudades del país, las calles del Madrid obrero rebosaban el invierno pasado al grito de «La sanidad no se vende», en protesta contra la gestión del gobierno de Ayuso, el cierre de consultas y las interminables listas de espera. Y en contraste con esas imágenes, sin embargo, pocas, aunque valientes, fueron las voces que se alzaron contra la reforma integral educativa llevada a cabo por el gobierno de coalición la pasada legislatura, a pesar de su señalado y evidente carácter segregador y mercantilizador del sistema educativo a todos sus niveles. Para entender el por qué de estos procesos, así como la posición y política que los comunistas hemos de desplegar en el ámbito de la lucha de la clase obrera por los servicios públicos, hemos de partir de una caracterización precisa de los mismos.
¿Qué son los servicios públicos? Su origen y posibilidad histórica.
Podemos definir los servicios públicos como todo un entramado de recursos y de actividades –que aparentemente discurren de forma paralela a los procesos de producción– dirigidas a cubrir y atender determinadas necesidades sociales. Sin entrar a analizar las primeras expresiones de este tipo de servicios, sí es conveniente situar que su aparición no es fortuita y sus primeras formas de organización en la historia moderna no pueden disociarse del desarrollo histórico capitalista. Dicho de otra manera, la posibilidad de conformación de los servicios públicos no puede comprenderse al margen 1) del desarrollo de las fuerzas productivas y 2) de la propia lucha de clases. Su surgimiento y su significado para la clase obrera debe poder analizarse desde esas perspectivas.
Los servicios públicos nacen en un determinado momento histórico, en países con un determinado grado de desarrollo capitalista y una determinada correlación de fuerzas social y política. En un equilibrio de fuerzas inestable y contradictorio que hace que la clase obrera reaccione instintivamente a las condiciones de miseria e insalubridad; toda vez que el Estado, caracterizado en otro artículo de esta publicación como forma política capitalista y garante del discurrir de la sociedad burguesa, comprende la necesidad de dotarse de instituciones y mecanismos para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo (lo cuál, en función del país y momento histórico, pasa por una clase obrera formada y educada con base en las necesidades de la producción capitalista, lo suficientemente sana para asegurar esa producción, etc…).
La lucha por los servicios públicos forma parte de la lucha instintiva de la clase, una lucha inmediata, inserta en el marco de las relaciones de producción capitalistas. Y es, indirectamente, una lucha por el salario, en tanto que es a través de la redistribución de la riqueza generada por la clase, a través del sistema impositivo y el aparato estatal, que se posibilitan unos servicios públicos que dan mejor o peor cobertura a las necesidades sociales del pueblo trabajador. Pero para comprender bien las claves políticas e ideológicas de esta lucha clasista, es preciso atender primero a su economía política, y por tanto también a la base material que los posibilita, así como a los procesos de producción y cambio en los que se inserta su origen histórico.
La lucha de la clase obrera por el salario indirecto.
Servicios como la Educación o la Sanidad no generan plusvalor, pero sí contienen el plustrabajo del que éste es expresión monetaria: es decir, que no por públicos o estatales son ajenos al ciclo de reproducción de capital. Lo que esto significa es que el sector servicios no opera en el sentido de producir una riqueza material, concreta y tangible que entre en la circulación de capital; sino que el servicio en cuestión (sanidad, educación, asistencia social, etc…) se agota cuando es consumido; quedando así en una relación consumidor-ofertante.
Pero que los servicios públicos no originen plusvalor no implica que no lo absorban, como decíamos al principio, a través de la redistribución de la producción social global y la renta nacional. De nuevo, para que se comprendan bien los conceptos, el producto social global sería el conjunto del valor –transformado en dinero– originado en el sector productivo de la economía, que ha entrado en circulación. Este dinero, que en su redistribución posibilita la existencia de los servicios públicos, contiene realizado el plusvalor.
La forma secundaria –que es la que en este caso nos interesa– de redistribución del producto social global es la que implica su trasvase al sector no productivo (donde encontramos los servicios públicos). Y esto ocurre bien cuando el “consumidor” –de extracción de clase heterogénea– paga indistintamente por un servicio (por ejemplo una clase de inglés, el abono transporte, una prueba de acceso a la universidad o una consulta médica…), bien mediante el pago de impuestos y su redistribución estatal hacia determinados sectores (educación, sanidad, transporte, pensiones, becas y ayudas, etc…) a través de los presupuestos. Así se entiende más claramente que la condición de posibilidad de los servicios públicos es la realización de la plusvalía, la riqueza social generada por la clase social productora y explotada. Esta es la razón por la que afirmamos qué la lucha que se da en defensa o por la mejora de los servicios públicos es una lucha, por tanto, por conseguir ventajosas condiciones salariales de manera indirecta para la clase obrera.
Cuando se habla, por tanto, de la mercantilización de los servicios públicos no sólo o exclusivamente se hace referencia a su privatización. Se refiere al proceso por el cuál estos fondos públicos, cuya base social ya hemos analizado, se transfieren a distintas empresas privadas, Estado mediante; y se refiere a también al hecho de que pese a no ser como tal una mercancía (en el sentido antes señalado), toman cada vez más la forma de ésta: con un precio (tasas universitarias, seguro médico, abono transportes, etc…) y una gestión empresarial, supeditada y ajustada a las necesidades capitalistas en cada coyuntura.
Servicios públicos, hegemonía y lucha de clases
La mercantilización afecta en primera persona a los usuarios de estos servicios que, volviendo al principio, no conforman una clase social, sino una masa homogénea compuesta, eso sí, mayoritariamente de obreros y obreras, sus hijos e hijas y otras capas sociales afectadas por el capitalismo. Aunque la percepción de la contradicción capital-trabajo se encuentre, por esta composición heterogénea, más diluída y ello implique mayores esfuerzos por asegurar, a través de la intervención comunista, la hegemonía proletaria y centralidad del movimiento obrero, lo cierto es que hay una mayoría que se sitúa objetivamente en contra del modelo de servicios públicos capitalista, que reacciona o puede reaccionar colectivamente ante una subida de tasas o ante la falta de personal en los hospitales; que tiene una predisposición a la lucha, una con sus propias particularidades, potencialidades, y también limitaciones.
Estas resistencias, embriones de revolución, no obstante, son fácilmente absorbidas y aprehendidas por el Estado capitalista si no media el Partido Comunista, si no media la condición de posibilidad de la elevación de tales luchas. Expliquemos bien esto: ya son varios los artículos de la revista que abordan, desde distintos puntos de vista, la relación entre conciencia inmediata y conciencia político revolucionaria, siendo la primera embrión de la segunda, sólo elevable políticamente a través de la mediación del comunismo, introducido por el Partido. Es decir, que los servicios públicos en el capitalismo, como todo en la lucha de clases, son contradictorios.
Como hemos dicho, efectivamente, se configuran como pieza clave de los procesos de redistribución de la producción social y son resortes, en contexto de crisis, potencialmente funcionales al capital en su búsqueda por remontar la tasa de ganancia. En España, la sanidad o la educación son sectores en los que la participación pública continúa siendo mayoritaria. No es de extrañar que, en momentos en los que los beneficios de la clase dominante se ven afectados por una nueva crisis, se conviertan en potenciales nuevos nichos de rentabilidad. Los grandes entramados empresariales entran de lleno en sectores como la educación y la sanidad. Por situar un ejemplo, podemos hablar de Quirón Salud, el grupo hospitalario privado más grande de España que cuenta en la actualidad con crecientes conciertos económicos con los hospitales públicos. Detrás de este grupo, se encuentra la empresa alemana Fresenius, la mayor empresa de sanidad de Europa, que a su vez pertenece, entre otros, a BlackRock, uno de los grandes fondos de inversión mundiales que controla acciones de gigantes tecnológicos como Microsoft o Amazon.
En el ámbito educativo, es destacable el empleo de cuantiosos fondos públicos para cumplir con los requerimientos de las autoridades europeas y españolas. No sorprende que sólo sean realizables a través de el contrato de un reducido grupo de empresas privadas. El dinero público se trasvasa a manos privadas mediante contratos de cumplimiento obligatorio en la mayoría de los países de la Unión Europea. El capitalismo en el imperialismo es capitalismo monopolista de Estado; un Estado, que a pesar de su plena inserción y participación en la acumulación de capital, en tanto que forma política de dominación capitalista, mantiene su rol histórico de garante del orden social, a través de las vías y mecanismos que demande la situación histórica.
Pero sería una tontería renunciar, por ejemplo, a reivindicar como una conquista del movimiento obrero la jornada laboral de 8 horas sólo porque tras la derrota revolucionaria de principios del siglo XX y la amenaza que suponía la rusia soviética como foco de contagio de los obreros del mundo, el capital convirtió el modelo fordista en la forma de explotación de todo un periodo histórico con base en los márgenes de la acumulación capitalista (márgenes que, por cierto, hoy se han estrechado). Un modelo hoy en transformación, tal como pretendió explorarse a lo largo de las páginas del número 1 de esta publicación. Parecido ocurre con la cobertura estatal de los servicios sociales: son, históricamente, conquistas de la lucha económico-inmediata de nuestra clase, ejemplos de la potencialidad de la organización y movilización popular; y una expresión tangible de cómo la sociedad en su conjunto cuenta con medios y capacidad material, técnica y humana como para dar cobertura social a necesidades que se desprenden de la vida misma (posibilidad contenida y constreñida por las relaciones capitalistas de producción). Toda vez que son reivindicados y defendidos, cuando interesa y a veces sólo de forma aparente, por los sectores del gran capital monopolista que mejor aseguran, hoy, el discurrir de la sociedad de clases.
El pensamiento espontáneo encuentra vías de conexión y articulación política en la propuesta y programa de la socialdemocracia, lugarteniente obrero y popular de la clase capitalista que, cuando está en el gobierno, es capaz de contener la movilización y la protesta en coordenadas de negociación y paz social, a través de pequeñas concesiones –que son simbólicas en relación al verdadero carácter clasista de la política general del gobierno– y el azuce constante de escenarios sustancialmente peores para la vida de nuestra clase. La resignación y la lógica del mal menor contienen la movilización general y plantean un escenario de conflictos localizados y aislados entre sí. Es en esta tensión compleja donde opera la necesidad de construir hegemonía proletaria en la lucha de la clase obrera por las reformas, veamos de qué forma.
La respuesta al viejo debate siempre fue revolución.
Hablábamos de cómo la socialdemocracia, a través de pequeñas concesiones, es capaz de vehicular la reacción espontánea hacia lógicas de paz social. No obstante, como se desarrolla en el primer artículo de este mismo número, las crisis insertas en el propio devenir del capitalismo estrechan los márgenes de posibilidad de esas concesiones y reformas, más aún en ausencia de un movimiento obrero preparado para resistir y pasar a la ofensiva. El Estado actúa asegurando la rentabilidad y ganancia capitalista mediante la transferencia de rentas del trabajo al capital primero, y el aumento del grado de explotación sobre la clase en segundo lugar. Las medidas adoptadas en materia de privatización y/o mercantilización de los servicios públicos, aunque reversibles parcialmente, no solo permanecen tras el ciclo de crisis, sino que se insertan en la tendencia general de aumento del grado de explotación de la clase y agudización cada vez mayor de la contradicción capital-trabajo.
La socialdemocracia, al no cuestionar la base de explotación del sistema capitalista, asume implícitamente este hecho como inevitable y actúa en consecuencia, descubriendo su verdadero papel histórico como garante del devenir pacífico de la sociedad burguesa. Esto es, asume los márgenes de posibilidad del capitalismo y asume también su propia tendencia, que no es otra que el cada vez menor margen de maniobra. Como consecuencia lógica, sus promesas y concesiones cada vez encuentran un techo más bajo. Una socialdemocracia, además, cada vez menos necesitada de estructura militante, que refuerza su propia concepción fetichizada y exterior de la clase a la cual busca activar en función de intereses partidistas, canalizando e incluso generando instrumentalmente movilizaciones que terminan encontrando su fin en callejones sin salida. El resultado es un panorama de cada vez mayor desarticulación y desorganización de la clase; escenario que, además de promover y reforzar la resignación, facilita la difusión de propuestas reaccionarias.
Frente a esto, la propuesta comunista concibe la superación del capitalismo como posibilidad única de emancipación de la clase obrera, a la que reconoce como sujeto revolucionario por su posición. Pero que inserta dicha propuesta en el estado concreto del movimiento de masas; generando, participando y dirigiendo la organización de la clase en la lucha económico-inmediata contra la privatización de la sanidad, educación y el resto de servicios públicos; e insertando concretamente la consigna por su concentración, nacionalización y socialización como parte del proceso de construcción del sistema socioeconómico comunista, única propuesta definitiva y superadora del capital y sus tendencias inherentes. Frente a las lógicas de activación y desactivación instrumental, la propuesta comunista en las condiciones contemporáneas de la lucha de clases pasa por generar las mediaciones organizativas para el avance de posiciones revolucionarias para que, tras cada ciclo de lucha, cada vez sean más los sectores de la clase los que comprendan la necesidad y potencialidades inmediatas y estratégicas de su organización.
El trabajo de los comunistas en la lucha de la clase en defensa de los servicios se articula por tanto en la vía de explicar, al calor de la práctica y los hechos, las limitaciones del programa reformista burgués y de supeditar a éste la organización y movilización; y por tanto formular expresiones organizativas de lucha que persistan a los períodos de activación y desactivación del movimiento espontáneo de masas. Es entonces, mediante el trabajo paciente y en el seno de la clase, cuando la propuesta comunista se hace realidad, cuando es posible conectar la privatización de pruebas diagnósticas o de sectores educativos como la formación profesional con el mapa general de explotación capitalista, cuando mediante la presencia diaria en la cotidianeidad de la clase podemos realizar una correcta caracterización de los servicios públicos y, por tanto, hablar de la necesaria superación del modo de producción capitalista para asegurar la cobertura social de las necesidades colectivas, bajo control obrero y supeditada al interés general de la clase y no al mantenimiento de beneficios de aquellos que nos explotan.
