Las ETTs y el trabajo que ya está aquí

Las Empresas de Trabajo Temporal llegaron a España con el PSOE de Felipe González. Eran una pieza clave de la flexibilización de la producción que demandaba el capitalismo, que empezaba a alejarse del modelo fordista de producción en el que la clase obrera había aprendido a defenderse y conquistado importantes derechos. Las reformas posteriores han profundizado esa tendencia, modificando y dinamitando elementos jurídicos que proporcionaban a la clase obrera cierta estabilidad para instalar unos mecanismos que permiten un uso ultra temporal y ajustado de la fuerza de trabajo. Políticos de todos los colores han utilizado su gestión para favorecer este modelo, y hoy pretende aprovecharse la crisis para consolidarlo y ampliarlo. Las ETTs han jugado y van a seguir jugando un papel crucial en él.

Los años noventa y la receta mágica de la flexibilidad. Las ETTs vienen para quedarse.

“En un país con el nivel de paro más alto de la Comunidad Europea, si queremos acercarnos a los niveles europeos de creación de empleo, la flexibilidad del mercado de trabajo es fundamental”. Con los monopolios españoles deseosos de la adhesión al Tratado de Maastricht (una de las piezas clave de la fundación de la UE), el ministro de Economía de la tercera legislatura del PSOE, Carlos Solchaga, defendía así la reforma laboral que se aprobaría en 1994.

La crisis había provocado un nivel de paro sin precedentes, con una tasa general del 25% y juvenil del 40 %. Le tocaba al Gobierno de Felipe González aplicar la receta mágica que prescribía por entonces todo organismo capitalista para “crear empleo” y “reactivar la economía”: la desregulación y la flexibilización laboral. Eran dos terribles amenazas para la situación de la clase obrera, pero ocurre que el compromiso que la socialdemocracia tiene con nuestros intereses en el discurso pesa mucho menos que su compromiso con los pilares del orden capitalista en su praxis, sobre todo en contextos de crisis. 

La reforma de 1994 instaló dos potentes mecanismos de flexibilidad externa: el despido objetivo por causas organizativas y de producción y la legalización de las empresas de trabajo temporal – que realmente ya operaban con tolerancia abierta del Gobierno–, eliminando a la par la obligatoriedad de que fueran las oficinas del INEM las que gestionasen las colocaciones. La principal víctima de estas nuevas herramientas de uso de la mano de obra fue la juventud obrera, quien también cargó con los salarios miserables de los contratos de prácticas y de formación y aprendizaje que se crearon y ampliaron.

Los beneficios empresariales comenzaron a respirar aliviados, mientras los trabajadores cargaban con las consecuencias: salarios juveniles basura, dobles escalas salariales que permitían presionar a la baja el conjunto de salarios, un despido mucho más fácil y un aumento de la temporalidad que se mostró en los siguientes tres años (como muestra la siguiente tabla), si bien un supuesto objetivo del texto legal era disminuirla. El efecto “milagroso” de la contratación flexible avanzaba con fuerza mientras nos desaparecían derechos y elementos de estabilidad vital, aunque el relato mágico de la socialdemocracia había asegurado que la flexibilidad vendría para beneficio de todos.

 

Tabla 1. Contratación total existente en los años 1994 y 1997. Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Anuario de Estadísticas Laborales.
	Contratos existentes	Términos absolutos	Términos relativos
1994	Temporales	1.841.400	31’36
	Indefinidos	4.030.300	68’63
1997	Temporales	3.090.800	37’23
	Indefinidos	5.209.900	62,77

 

“Flexibilidad” es un término que ilustra de manera especialmente perversa que, bajo el capitalismo, los trabajadores solo somos resortes para la producción de beneficio privado. Lo que el mundo capitalista empezó a demandar en los años setenta, e impuso más ferozmente tras el triunfo de la contrarrevolución en la URSS, era el ajuste de los ritmos de la explotación de la fuerza de trabajo a las variaciones que, por distintos motivos, interesasen a las empresas. Los derechos conquistados que nos aportaban cierto nivel de estabilidad vital eran “rigideces” que obstaculizaban esta disposición de mano de obra de manera que se pueda solicitar, usar, intercambiar y desechar según lo requiera cada momento.

Las ETTs aportan una fabulosa flexibilidad “externa” o capacidad de “ajustar el volumen de empleo”. Su función no es tanto abaratar el coste horario de la fuerza de trabajo –a pesar de que tras la legalización proliferaron los casos de discriminación salarial, legal hasta la reforma de 1999– como permitir que las empresas organicen y distribuyan la producción de manera que puedan utilizar mayor o menor cantidad de trabajadores a conveniencia, según picos estacionales de la producción, fluctuaciones de la demanda, crisis u otro tipo de contingencias. 

La excepcional eficacia de estos instrumentos se demuestra por la tendencia sostenida al aumento del uso de contratación mediante ETT, al margen de los picos derivados de la estacionalidad y las crisis cíclicas. La presencia de las ETTs en nuestro mercado laboral y otros mecanismos de flexibilidad se han protegido y ampliado por todas y cada una de las reformas laborales aprobadas desde 1994, lejos de cuestionar su efecto precarizador. Como mucho, se han limitado algunos abusos, pero considerándolos problemas secundarios y admitiendo en esencia la conveniencia de estos mecanismos.

No es de extrañar, ya que, aparte de ser eficaces herramientas de gestión de la explotación, la fragmentación de centros de trabajo y división de las plantillas que permiten han ido desbordando los cauces tradicionales de organización de la clase obrera, debilitándose los mecanismos de defensa que habíamos consolidado a lo largo de un siglo XX lleno de luchas. He aquí una utilidad colateral, pero nada desdeñable, para el capitalismo de estos mecanismos.

Nuevos conceptos para viejas exigencias. De las medidas ante la crisis de 2008 al marco actual

A mitad de los años 2000, la UE reciclaba sus recetas con el concepto de la “flexiseguridad”. Permitir más flexibilidad a las empresas, arrasando con los marcos jurídicos del derecho laboral que protegían a la clase trabajadora, era “modernizar el mercado laboral”, pero esta vez había que conciliarla con una “protección flexible del trabajo”. Se quería hacer pasar por un objetivo social lo que no era más que una asistencia mínima a una clase obrera cuyos derechos básicos se estaban mutilando.

Las reformas en España tras la crisis de 2008, tanto del PSOE como del PP, se insertaron en estas estrategias europeas, y consistieron en facilitar y abaratar el despido, así como posibilitar otros mecanismos de flexibilidad como la reducción de jornada, modificación salarial, subcontratación… Muy significativamente también dieron autorización a las ETTs para convertirse en agencias de colocación privada con ánimo de lucro y participar junto a los Servicios Públicos de Empleo. 

Así, mientras no dejaban de alabarse las virtudes de la modernidad y la flexibilización, lo que en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 se consideraba “tráfico ilegal de mano de obra”, en 1994 se había legalizado, y en 2012 se convertía en todo un negocio que aumentaba su papel en la economía y cronificaba el trabajo basura. Se consolidaban las transformaciones en el modelo productivo, permitiendo hasta el día de hoy una fragmentación cada vez mayor de la producción y la instalación de multitud de mecanismos de flexibilidad externa e interna. 

Las ETTs asumen hoy la contratación de gran cantidad de fases de procesos productivos industriales y de sectores como la agricultura, la ganadería, la hostelería y muchas actividades de transporte. También son una parte completamente integrada de las políticas públicas de empleo. Envalentonadas por el importante papel que cumplen, incluso reivindican un cambio de denominación, porque la tradicional tiene una inmerecida connotación peyorativa. 

También niegan ser las culpables de la temporalidad y de la temporalidad juvenil. El argumento es que el peso en la contratación de mano de obra juvenil a través de ETT ya no es tan grande respecto al resto de grupos de edades… Algo que, lejos de ser positivo, es la nefasta expresión de que este virus precarizador se agarró primero a los jóvenes pero va infectando poco a poco al conjunto de la clase, acortándose la distancia entre cantidad de contratos realizados a los distintos grupos de edad. 

Por otro lado, es cierto que la temporalidad no ha aumentado drásticamente tras las legislaciones que han otorgado más capacidad de acción a las ETT a partir de 1998, pero gestionan cada vez más contratos y están indiscutiblemente asociadas al hecho de que las contrataciones son cada vez más breves. Estas empresas no son exactamente el origen de la temporalidad, sino, y como su propia patronal afirma, quienes gestionan profesionalmente la temporalidad para que las empresas la rentabilicen lo máximo posible. 

Esa gestión de la explotación ha llevado a que en 2020, por primera vez, la duración media de los contratos –teniendo en cuenta, ojo al dato, incluso los contratos indefinidos– fuera menor de 50 días. La tendencia sigue vigente este año, en el que la duración media es de 54 días, más de la mitad de los contratos no duran ni 6 meses y uno de cada cuatro duran ¡menos de 7 días! Por mucho que intenten maquillarlo, estos mecanismos no pueden disociarse de los terribles efectos de incertidumbre, volatilidad del trabajo e inseguridad que innegablemente están provocando en los trabajadores.

La temporalidad y la “modernización” hoy pendiente: discursos y realidades

Los discursos del Ministerio de Trabajo están haciendo referencia al “problema de la temporalidad”, pero ni en clave de crítica a las herramientas de explotación que son las ETTs, ni mucho menos a las necesidades estructurales del sistema capitalista que las imponen. Los tintes de ruptura de las declaraciones sobre las nuevas medidas laborales se quedan en marketing vacío cuando se contrastan con las tímidas concreciones que de momento se han dado: limitar los contratos de obra y servicio a seis o doce meses –¡en un momento en el que ni el 1% de los contratos temporales es mayor de seis meses! – o reducir la contratación temporal a “los casos en los que se justifique”; poca reducción en un marco legislativo que considera “justificada” casi toda decisión avalada por lo que convenga a los beneficios empresariales. Aun confiando en que se refuerce la Inspección de Trabajo para perseguir el fraude, la gravedad del problema reside en el grado de temporalidad e inestabilidad laboral consolidado y que ampara la ley. 

El resto de las promesas son vaguedades sobre conjugar las necesidades “modernas” de flexibilización con fórmulas que, de alguna manera, aporten estabilidad a la situación laboral. Como en realidad ya se está anunciando de manera abierta y velada, simplemente pretenderán instalarse nuevas vías para mantener y profundizar en la flexibilización, pero dotándola de ciertos rasgos formales de estabilidad. Si esto son rupturas, ¡cuánto cariño le tienen a la situación actual!

Contrastar los adornos del discurso con las medidas propuestas y la praxis diaria nos lleva a pensar que las declaraciones empalagosas de Yolanda Díaz no son más que un panfleto de mucha palabra vacía hacia nuestra clase y otros tantos favores al capital: es curioso comprobar que sus propuestas apenas difieren de las propias solicitudes de la patronal de las ETTs. “Asempleo” también nombra, en este periodo, que hay “problemas” en la temporalidad, que deberían conjugarse fórmulas para dotar de estabilidad en el empleo, y que las ETTs nos garantizan una temporalidad exquisitamente legal y al margen de todo fraude. Patronal y Gobierno no tendrán que discutir más que matices de la reforma.

Hace unas décadas los socialdemócratas identificaban la flexibilización con las políticas neoliberales, pero lo cierto es que, en los aspectos fundamentales, la apuesta por la flexibilidad no es una cuestión de opinión ni de matices en la gestión práctica de distintas corrientes políticas capitalistas. Las ETTs son mecanismos que siguen perfectamente vigentes y que se resguardan de crítica política, porque la flexibilidad en la organización del proceso productivo que permiten sigue siendo hoy en día una necesidad sustancial del momento histórico que atraviesa el capitalismo. La flexibilización en ninguna manera es opuesta a las tesis neokeynesianas que hoy defiende la socialdemocracia, sino algo que estas pueden, de hecho, favorecer. Esto ya lo demostró la estrategia de la flexiseguridad de los años 2000, y hoy encuentra otro ejemplo en las apuestas de modernización de la UE que orgullosamente secunda Yolanda Díaz.

Utilizar al Estado para cargar con los costes de los destrozos que las empresas ocasionen en una fuerza de trabajo que es mercancía cada vez más frágil dista mucho de lo que sería una conquista social verdadera. Hace ya unos años que no vemos una de estas y que dejamos al capital hacer y deshacer a su antojo, asumiendo a través de liberales y socialdemócratas unas lógicas en las que solo somos mercancía barata y sin derechos. Nos vendría muy bien recordar que, aunque este sistema nos sitúe en ese lugar, somos el engranaje indispensable para producir toda riqueza, que todo aquel y toda aquella que nos sitúe por debajo de un puñado de beneficios no nos está representando, y que es en nuestra clase donde reside la fuerza para luchar por un porvenir histórico que nos pertenezca.