Cuando hablamos de capitalismo, suelen venir a la mente ciudades abarrotadas de trabajadores que toman el transporte público cada mañana para acudir a su lugar de trabajo. Sin embargo, el modo de producción capitalista no podría haber existido sin la transformación de los pequeños productores agrícolas en obreros asalariados, forzados a emigrar a las ciudades y vender su fuerza de trabajo. Este cambio estuvo vinculado a la privatización de tierras comunales, propiedad de la Iglesia o de los ayuntamientos.
El incipiente desarrollo manufacturero en los talleres gremiales y, posteriormente, en las manufacturas industriales generó una demanda creciente de mano de obra, que fue satisfecha en gran parte por un excedente de población rural expulsada. Además, se permitió la entrada masiva de productos del campo, que, con la utilización del creciente ferrocarril y las nuevas infraestructuras, aceleraron la destrucción de las relaciones comunales en el campo.
Aunque este proceso adoptó formas diferentes según el contexto nacional, convergió en una lógica común: la expropiación sistemática de tierras comunales y de pequeños productores, convertidos en trabajadores asalariados sin propiedad sobre los medios de producción. A partir de ese momento, su única mercancía vendible era su fuerza de trabajo. En este sentido, la contradicción entre el campo y la ciudad no representa una anomalía dentro del capitalismo, sino uno de los pilares fundamentales de su consolidación y expansión. Así lo explica Marx en el primer tomo de El Capital:
«En la historia de la acumulación originaria hacen época todas las transformaciones que sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista, y sobre todo los momentos en que grandes masas de hombres son despojadas repentina y violentamente de sus medios de subsistencia y lanzadas al mercado de trabajo como proletarios libres y desheredados. Sirve de base a todo este proceso la expropiación que priva de su tierra al productor rural, al campesino».
En el caso español, este proceso tuvo lugar entre los siglos XVII y XIX, con las desamortizaciones que pusieron en manos de terratenientes, nobles y, posteriormente, burgueses, tierras anteriormente pertenecientes a la Iglesia, municipios y comunidades campesinas. Estas reformas no solo consolidaron un modelo latifundista, sino que permitieron la entrada del capital en el mundo rural, subordinando la tierra a la lógica del capital. Este fenómeno obligó a miles de trabajadores rurales a emigrar en busca de empleo, profundizando el desequilibrio demográfico entre el medio rural y el urbano.
Durante la Segunda República, el problema agrario adquirió una dimensión central en el debate político. En 1932, la mitad de la población española todavía residía en el medio rural, y la pobreza extrema era generalizada entre jornaleros y campesinos sin tierra. La Ley de Reforma Agraria, aprobada ese mismo año, buscaba redistribuir tierras infrautilizadas entre los trabajadores del campo, pero su implementación fue lenta y limitada. Ante el fracaso de esta reforma y la aceleración de las contradicciones de la sociedad capitalista, se produjeron ocupaciones masivas de tierras, alcanzando un punto significativo el 25 de marzo de 1936, cuando unos 60.000 campesinos extremeños ocuparon más de 3.000 fincas sin autorización del gobierno republicano. La victoria franquista en la Guerra Civil supuso la reversión de estas reformas y una fuerte represión del movimiento campesino, profundizando aún más la dependencia del mundo rural respecto a los grandes propietarios.
Será a partir de la década de 1960, en el marco del desarrollismo franquista, cuando la contradicción campo-ciudad se manifieste con especial intensidad. Los Planes de Desarrollo Económico y Social impulsaron grandes polos industriales en regiones urbanas como Madrid, Barcelona o Bilbao. Paralelamente, en el campo se intensificó la mecanización con la introducción de maquinaria pesada, fertilizantes, pesticidas y sistemas de riego a presión, lo que redujo aún más la demanda de mano de obra agrícola.
Como resultado, se estima que cerca de cuatro millones de personas (campesinos sin tierra, arrendatarios y pequeños propietarios) abandonaron el campo entre 1960 y 1975, principalmente desde regiones como Extremadura, Andalucía y Castilla y León hacia las áreas urbanas del País Vasco, Cataluña y Madrid, que ganaron respectivamente entre 500.000 y 1,5 millones de habitantes. Este desplazamiento masivo no solo transformó la geografía humana del país, sino que consolidó un modelo de desarrollo profundamente desequilibrado, con regiones rurales empobrecidas y despobladas frente a núcleos urbanos hiperconcentrados.
Es en esta época cuando comienza a configurarse el urbanismo moderno de las grandes ciudades españolas, con barrios obreros situados en la periferia para absorber la mano de obra que requería el capital. Sin embargo, este proceso no se desarrolló sin contradicciones. La lucha de la clase obrera urbana, articulada con el ciclo huelguístico iniciado en 1959 y extendido hasta el final de la dictadura, estuvo profundamente vinculada a las luchas vecinales, logrando la conquista de infraestructuras sanitarias, educativas y culturales en estos barrios obreros. Se observa cómo la geografía urbana, lejos de desplegarse como un mudo resultado de la arquitectura urbanística, se revela como espacio configurado por la lucha de clases.
Con la entrada de España en la Unión Europea, se acentúa aún más la contradicción entre las zonas rurales y las ciudades. La PAC (Política Agraria Común), al tiempo que reordena los sectores productivos agropecuarios conforme a los intereses del capital monopolista, reorganiza la distribución demográfica según las necesidades de mano de obra. Por ejemplo, la imposición de las cuotas lácteas provocó la emigración de miles de jóvenes de Asturias, Galicia y Cantabria, ante la reducción del número de explotaciones agropecuarias.
En los últimos años se está produciendo un proceso de concentración de tierras que muestra que la propiedad de la tierra no es ajena a las dinámicas del capital, habiéndose producido un aumento del 5,6% en explotaciones de más de 100 hectáreas y un descenso del 26% en explotaciones menores. A este proceso se suma la llamada agricultura 4.0, que incluye la automatización de la maquinaria pesada encargada de la recogida o siembra, modelos predictivos de crecimiento, desarrollo de cultivos resistentes o invernaderos que permiten cierta independencia de las condiciones meteorológicas.
Estos procesos han desembocado en la configuración de lo que en los últimos años se denomina «España vaciada». No obstante, el término «vaciada» puede resultar equívoco, pues sugiere que se trata de un efecto accidental de la gestión de la geografía humana en nuestro país. Por el contrario, el despoblamiento de amplias regiones es una consecuencia inherente a la dinámica capitalista. La gestión de este «vaciamiento» no es más que la gestión del capital, ya sea bajo gobiernos socialdemócratas o liberales.
En el capitalismo, la distribución de la población responde a las exigencias del capital en los distintos sectores productivos. Sin embargo, la solución no pasa por apelar a la «ruralización» bajo el control de la pequeña y mediana burguesía, como proponen los sectores derechistas, quienes achacan este proceso de manera abstracta a «élites globalistas» —sin definirlas— y a la Agenda 2030. Esta última no constituye la causa, sino una consecuencia más de la dinámica capitalista en su vertiente cosmopolita. Como ya dijeron Marx y Engels, «la superación de la oposición entre la ciudad y el campo es una de las condiciones primeras de la asociación comunista; sin ella no puede realizarse la solidaridad de los intereses y la unidad entre las clases trabajadoras».
Por su parte, tanto la burguesía agraria como los sectores más «patrios» del capital persiguen el mismo objetivo: rentabilizar su capital mediante la explotación de la fuerza de trabajo, intentando instrumentalizar a sectores del pueblo trabajador golpeados por las propias políticas capitalistas. Sin embargo, han sido los mayores beneficiados de estas políticas agrarias. La solución pasa por la planificación racional de la producción, lo que permitirá un equilibrio demográfico al servicio de las necesidades humanas y no de la valorización del capital, es decir, la superación de la contradicción entre campo y ciudad.
