La recién creada Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León ha iniciado la legislatura con una medida estrella: la gratuidad para la primera matrícula universitaria. ¿Qué pensamos los estudiantes acerca de esta medida?
La gratuidad se ha confeccionado de una forma y a través de un mecanismo específico, bajo la forma de subvención con partida presupuestaria, obviando la supresión de la tasa universitaria. Esta decisión no es casual y presenta graves implicaciones. Algunas de ellas son las siguientes:
- Esta medida coyuntural y fácilmente reversible no avanza en derechos. La gratuidad no supone una conquista de los estudiantes en su lucha por una educación verdaderamente gratuita, sino una concesión de la Junta que puede eliminarse en cualquier momento o quedarse sin dotación económica.
- La educación pública y el conocimiento no entiende de barreras que otros tratan de levantar. La aplicación de un criterio territorial, como es la exigencia de empadronamiento en la comunidad, fomenta una retórica restrictiva del uso de los recursos públicos por el conjunto de los trabajadores o sus hijos e hijas, con independencia de su procedencia.
- El pago de matrícula se mantiene como una barrera de segregación en el acceso a la universidad. Se mantiene la necesidad de abonar el coste de la matrícula por parte del estudiante, adelantando un pago que, si la dotación económica es suficiente, será reembolsado posteriormente, pudiendo incluso no reembolsarse parcial o totalmente. Además, las matrículas posteriores se pagan con normalidad, por lo que la finalización de estudio superiores sigue supeditada a la solvencia económica de los y las estudiantes y sus familias.
- El dinero público se emplea en comprar simpatías mientras nuestra calidad educativa se deteriora. La medida se dirige a generar una simpatía hacia el nuevo gobierno por parte de los estudiantes, hecho que contrasta notablemente con la infrafinanciación continuada de las universidades públicas de Castilla y León. Esta insuficiencia no es casual, responde al interés por convertir la educación en un nicho de negocio, y sus consecuencias las pagamos los estudiantes con una degradación de los servicios públicos.
Más allá de aspectos concretos, debemos poner el foco en el fin último que persigue esta medida. De acuerdo con el anuncio institucional de la Junta, el objetivo de la medida es “contribuir a los gastos generales que comporta la incorporación de los estudiantes al mundo universitario e incrementar el capital humano de la Comunidad”. ¿Puede cumplir esta medida dicho objetivo?
No. La incidencia de esta “gratuidad” sobre nuestro coste de vida es nula. El pago de matrícula (que igualmente deberá abonarse por el estudiante) se suma a un notable aumento del coste de la vida (alimentación, electricidad, calefacción, ocio, etc.) en los últimos años, especialmente de la vivienda en régimen de alquiler. La medida no resuelve la verdadera segregación educativa, la barrera económica.
Además, se profundiza en la visión de la universidad como fábrica de mano de obra, cantera al servicio de las patronales, presentando a los estudiantes como “capital humano”. Las directrices educativas contemplan al estudiante como mano de obra barata al servicio de las empresas y no se dirigen al desarrollo de las máximas capacidades humanas a través de una formación integral y de calidad.
En conclusión, esta “gratuidad” resulta estética, populista, y no representa un avance ni en los derechos de los estudiantes ni en una educación verdaderamente gratuita y accesible por la clase trabajadora.
Los Colectivos de Jóvenes Comunistas denunciamos las evidentes limitaciones de esta “gratuidad” y llamamos al conjunto de los estudiantes de extracción trabajadora a organizarse y reivindicar una educación verdaderamente gratuita, al servicio de las necesidades de la mayoría social y no supeditada a los intereses económicos de una minoría.
