Ante la reforma de la legislación de la formación en prácticas o sobre el llamado “Estatuto del becario”

Este 18 de octubre se ha firmado entre Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT el preacuerdo de la nueva normativa reguladora del trabajo formativo en prácticas, presentada como un escudo contra la precariedad juvenil. Se trata de la concreción de uno de los puntos del programa de la coalición de gobierno: un nuevo “Estatuto del Becario” que regule las prácticas.

El espíritu que g­uía la reforma es el de intentar garantizar el carácter exclusivamente formativo de las prácticas no laborales, y aspirar a distinguirlas netamente de las laborales. Este enfoque ha permitido a las partes implicadas en la negociación abordar el problema desde una perspectiva que no tendiese a igualar los salarios y las condiciones entre trabajadores y estudiantes en prácticas, sino que justificase el mantenimiento de la desigualdad ya existente. El planteamiento del Gobierno socialdemócrata tenía esa limitada definición desde el principio, enfocándose a adecuar los marcos jurídicos de la explotación a las necesidades modernas del capitalismo, y no a contrarrestarlas ni ponerlas en cuestión.

Nuestro posicionamiento se desarrolla a partir de la constatación del papel de la fuerza de trabajo juvenil en la producción capitalista, que es el de servir como herramienta a los capitalistas para devaluar el precio de la fuerza del trabajo ofreciendo mano de obra especialmente barata, algo que resulta todavía más claro en épocas de crisis como la que atravesamos actualmente.

El cambio normativo y su previsible impacto en las condiciones laborales

La nueva norma hace desaparecer las prácticas no laborales (PNL) extracurriculares¹: a partir de ahora se consideran PNL solo aquellas que están vinculadas a un itinerario formativo concreto de Grado y Máster Universitarios, enseñanzas artísticas y deportivas, de Formación Profesional Dual General y de certificados de profesionalidad. Estas PNL curriculares se quedan en la misma situación jurídica, se mantiene su definición como “formación práctica” y se mantienen al margen de la regulación laboral.

La desaparición de las PNL extracurriculares ha sido uno de los principales elementos lanzados para vender el Estatuto del Becario a la opinión pública como un escudo contra la precariedad. Estas prácticas llevan tiempo utilizándose en fraude sistemático a voluntad de las empresas y con complicidad de las oficinas de empleo universitarias, para utilizar fuerza de trabajo juvenil remunerada muy por debajo de lo que corresponde a cada categoría profesional. Lo que no aparece en las noticias es que las empresas tendrán a su disposición para el mismo fin para el que usaban las PNL extracurriculares los contratos de formación y prácticas, a los que ha dado continuidad este mismo Gobierno con la reforma laboral de este año, y que permiten reducir hasta al 60 % su salario respecto al de la categoría.

El espíritu de intentar afianzar el carácter exclusivamente formativo de las modalidades de prácticas curriculares es contrario a la laboralización y a la equiparación de salario entre los trabajadores en prácticas y el resto. De hecho, la normativa ni siquiera contempla la obligación de remunerar las prácticas no laborales, dejando abierta simplemente la “posibilidad” de hacerlo. Esa posibilidad tendría que concretarse en cada “convenio de cooperación”, un documento que se negociará de manera exclusivamente bilateral entre empresa e institución educativa, quedando el estudiante excluido. Es decir, la medida ha eludido de manera consciente dar cabida a la representación legal de los trabajadores o a los sindicatos estudiantiles en las negociaciones de los convenios. Al no fijar tampoco unos mínimos de remuneración, deja a los jóvenes sin apenas experiencia laboral ni sindical indefensos delante del papel que, en cada caso, les pongan encima de la mesa la entidad empresarial y la institución educativa.

Para garantizar el carácter estrictamente formativo de las prácticas curriculares, todo lo que contempla la medida es la necesidad de incluir una serie de elementos que deberán recoger los convenios de prácticas: un itinerario formativo, la relación con los planes de estudio, el sistema de tutorías, etc., componendas limitadas en tanto que tampoco se establecen organismos supervisores encargados de comprobarlo, ni mecanismos de seguimiento académico, ni sanciones específicas contra el fraude de instituciones educativas y empresas. Estos supuestos mecanismos de garantía formativa, solo evidencian la voluntad socialdemócrata de “limar” el uso indiscriminado de la patronal del sistema de prácticas a la vez que formalizan y apuntalan su utilización como vía clave en la preparación y explotación de la fuerza de trabajo; sin embargo, son también prueba de la propia incapacidad actual de la socialdemocracia, pues no serán mínimamente significativos ante el fraude a gran escala que las empresas seguirán pudiendo cometer.

La imposibilidad del programa reformista de la socialdemocracia de abordar de manera más completa el problema de los becarios hace que no quede otra salida que presentar pequeñas mejoras como grandes victorias: prohibición del trabajo nocturno y por turnos y un límite de becarios en plantilla que no se podría superar por empresa, que tampoco puede decirse que sea muy restrictivo: el 20%. El resto de los méritos que se auto atribuye el Ministerio son meros recursos retóricos, cuando no falsedades, como cuando definen al nuevo sistema educativo y de prácticas como parte de un modelo europeo de prácticas “sin precariedad”.

Avances y retrocesos para la situación de la juventud obrera

Si juzgamos más allá de lo que supone la medida para la situación económica inmediata de los jóvenes trabajadores y estudiantes, tampoco puede decirse que estos salgan reforzados en la correlación de fuerzas tras la aprobación de la ley. La actuación de las direcciones de los sindicatos de trabajadores, en este sentido, ha sido muy criticable, pues han trasladado poca información tanto al público como a las bases sindicales y no han llevado el debate a los centros de estudio y de trabajo. En definitiva, han hecho poco por aprovechar una coyuntura que daba una oportunidad para fortalecer la organización de jóvenes en los sindicatos; han preferido entregar un acuerdo ya empaquetado, vendiéndolo como una victoria indirecta del proyecto de Yolanda Díaz. La hegemonía socialdemócrata y el sindicalismo del pacto social en las principales organizaciones no solo es un vehículo de implantación de medidas y reformas favorables a las necesidades del capitalismo, sino que además limita, adormece y secuestra las posibilidades de recomposición y respuesta obrera, particularmente entre la juventud.

Distinto ha sido el caso del movimiento estudiantil, que sí ha hecho un esfuerzo por incorporar la voz del estudiantado y sus reivindicaciones propias sobre las prácticas y las becas. Desde la huelga del 24 de marzo, el Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento reivindicaron la equiparación salarial como única garantía para frenar la sobreexplotación juvenil que son las prácticas, llamando al estudiantado a fortalecer sus estructuras de lucha clasistas y asumir la defensa de unos intereses que, como han denunciado, no están representados en el Ministerio de Universidades o el de Trabajo.

La patronal española sale beneficiada de un pacto fácil que, más allá de pequeñas garantías mínimas magnificadas, sigue pudiendo explotar jóvenes baratos o gratuitos con las distintas modalidades de prácticas, sean laborales o no, así como contar con acceso cada vez más directo a la formación teórica y práctica de los estudiantes.

Formación y trabajo en el sistema capitalista

La medida está en sintonía con la reforma educativa integral que está llevando a cabo este Gobierno, encaminada, como ya analizamos en su día, a disponer mano de obra más a medida de las necesidades actuales del capitalismo español y europeo. Entre otras cosas, con las distintas reformas se fomenta la existencia de prácticas curriculares en distintos niveles formativos, que proveerán a las empresas de alumnos-trabajadores a coste cero o muy bajo. Se les brinda también a las empresas la oportunidad de gestionar algunos aspectos de su formación directamente. Ahora, la actual reforma del marco jurídico de las prácticas consagra la exclusión de todas las prácticas curriculares de la normativa laboral, con todo lo que conlleva: menor salario, protección laboral, capacidad de negociación y representación legal; mayor vulnerabilidad ante los extendidos abusos y fraudes, etc.

Los comunistas nos oponemos a la concepción actual del trabajo en prácticas, más allá de denunciar la propia ventaja económica que para los capitalistas supone disponer de este tipo de trabajadores-estudiantes y crear distintas escalas salariales presionando a la baja el conjunto de los salarios. Nuestra crítica no se basa en una oposición a la formación práctica per se, sino al papel que la formación tiene en el actual sistema productivo. En la actualidad, y al contrario de lo que algunas posturas políticas plantean, el trabajo humano sigue siendo la única forma de valorización de las mercancías, y su explotación para obtener plusvalía es la base del enriquecimiento de los capitalistas, los dueños de los medios de producción. La formación, en este sistema, supone preparar a la fuerza de trabajo para aportar valor al proceso de producción. La finalidad de esta formación, por tanto, no responde a la formación integral de los estudiantes, sino exclusivamente a la del beneficio privado de los dueños de los medios de producción. Las últimas reformas educativas han tendido a ese objetivo -tal como evidencian, pero también intentan maquillar, los argumentarios acerca de “la necesidad de mejorar la inserción laboral”, “fomentar el reciclaje profesional”, etc.-, tecnificando y especializando los distintos niveles y ramas de la enseñanza, adaptando la mano de obra a las necesidades de los capitalistas y flexibilizándola.

Este camino no difumina, sino que refuerza las barreras entre el trabajo físico e intelectual que históricamente ha levantado el capitalismo, para asegurar la disposición de distintos eslabones productivos, cada uno en el lugar que convenga en la larga cadena de creación de valor. La formación se despoja de todo criterio enriquecedor y de educación integral de las personas, para reducirse a una vía de cualificación de piezas (futuros trabajadores) que van a cumplir una función en partes concretas del proceso productivo.

Conclusiones: lecciones para encarar un nuevo ciclo de lucha

La modernización del capitalismo en España implica una adaptación educativa a las necesidades de abaratamiento de la mano de obra ante la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y ajuste a la división internacional del trabajo. El capital necesita de trabajo a demanda, plenamente ajustado a los ciclos y vaivenes de su acumulación, y necesita también formación a demanda. El refuerzo del sistema de prácticas incide en esa línea, la garantiza a través de las instituciones políticas y educativas, tratando de suavizar los usos más “descontrolados”, de dar al proceso una cobertura más garantista, pero con pocos mecanismos realmente efectivos para evitar el fraude patronal y apuntalando su inserción como mecanismo tremendamente útil para el capitalismo concebido en su totalidad. Los monopolios podrán formar a sus propios trabajadores, usarlos como mecanismo para rebajar las condiciones salariales, seleccionar a los trabajadores más “productivos”, etc. A su vez, se podrán potenciar particularmente determinados sectores económicos, vincular más directamente la formación a las necesidades productivas, etc. De nuevo, el papel histórico de la socialdemocracia: formalizar las necesidades del capitalismo atendiendo a los riesgos de “desgarro social” con cada vez menos posibilidades, ante los estrechos márgenes del capitalismo en tiempos de crisis, de ofrecer si quiera esas migajas que “suavicen” los golpes.

Mientras, la realidad de la juventud obrera se define cada vez más claramente por una pauta vital de combinación de estudio y trabajo temporal, prácticas curriculares y formación académica, combinación con empleos temporales para poder sufragar el coste educativo, trabajo a demanda combinado con una permanente competición curricular… prisioneros de una vida en crisis, prisioneros entre la formación y el trabajo siempre al servicio de las necesidades de ganancia del capital.

El sindicalismo del pacto social demuestra una vez más que su preocupación por la juventud obrera es solo de palabra, pero que no se refrenda en hechos. Se descuidan y hasta sacrifican sus intereses mientras la afiliación sindical y el número de delegados jóvenes está por los suelos. El proceso de flexibilización laboral refuerza las dificultades de involucración política y sindical de los jóvenes en los centros de trabajo, pero parece que el asunto no va con ellos cuando se ve actuar a las principales organizaciones sindicales.

Pero a nosotros y nosotras, a los jóvenes obreros, nos va la vida en ello. Resulta necesario y urgente que la juventud obrera y de extracción popular aumente su participación en el movimiento obrero y estudiantil de base. Resulta necesario y urgente recuperar la independencia política de la clase, recomponernos ideológica y organizativamente. Y este proceso solo puede pasar por recuperar una fuerza militante en cada centro de estudio y de trabajo, en cada polígono, oficina, facultad e instituto.

Una fuerza militante que permita transformar la rabia en respuesta organizada. Que oponga a la resignación y frustración un progresivo tejido organizativo autónomo, clasista, que recupere en su acción y movimiento una esperanza combativa, una esperanza transformadora, revolucionaria. Que fomente las vías de cooperación entre las estructuras de lucha obrera y estudiantil, pues la fusión de la realidad formativa y laboral que demanda la UE para mejorar la productividad del capital se está materializando de manera progresiva en medidas como este Estatuto del becario. Que combine distintas formas de lucha y estructuración de la juventud obrera en los núcleos productivos, sin renunciar ni limitarse a los marcos legales tradicionales, para favorecer y estimular la participación de los jóvenes asalariados en la lucha clasista. Una fuerza militante que, a través de su acción constante, disciplinada, homogénea, sobre la cotidianeidad de la juventud obrera, permita rearticular formas de respuesta a la violencia del capitalismo en todas sus expresiones, permita que en el periodo que se abre de respuesta a la crisis, para sectores crecientes de la juventud, vuelva a trazarse un camino y a situarse un horizonte emancipador. Esa fuerza militante es la Juventud Comunista.

Notas