El Senado aprobó el pasado 23 de Marzo la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional con una amplísima mayoría que, pese a que no nos tengan acostumbrados a este tipo de resultados, no extraña tanto cuando se conoce el contenido de la ley y su función. De hecho, podría incluso haber salido adelante sin ningún voto en contra si no fuese por la decisión última del Partido Popular, quienes exigían todavía más apoyo a la educación concertada y votaron en contra a modo de castigo pese a estar de acuerdo con las principales medidas de la ley.
No extraña tanto este acuerdo general si se conoce la ley, pues esta configura una parte fundamental de la reforma integral del sistema educativo español, reforma que no puede comprenderse aislada de los fenómenos y cambios en el mundo laboral. La Ley de FP es un paso esencial en la modernización del capitalismo español pues favorece la adaptación de la mano de obra futura y presente a las necesidades productivas actuales del capitalismo español, en completa consonancia con las líneas maestras propuestas por la Unión Europea.
Por un lado, se convierte toda la FP en Dual, distinguiendo entre General y Avanzada, llegando esta última a tener hasta el 50% de las horas en empresas. Por otro lado, da mayor “flexibilidad” para los itinerarios académicos, profundizando en la formación modular, lo que permite adaptar los itinerarios formativos a la demanda de fuerza de trabajo específica del tejido productivo del territorio.
En otras palabras: la ley ofrece mano de obra casi gratuita a las empresas en forma de estudiantes en prácticas que ocupen el puesto de un trabajador, presionando las condiciones de estos a la baja, teniendo las empresas rotaciones constantes de estudiantes y una menor necesidad de contratar personal. Mientras tanto, profundiza en la hiperespecialización y la tecnificación educativa, acotando los conocimientos a las necesidades específicas que requiere la patronal.
La mayor flexibilidad y el sistema dual delinean, junto el resto de leyes educativas y las transformaciones en el ámbito laboral, una pauta de vida característica para los jóvenes trabajadores enormemente beneficiosa para que los capitalistas remonten su tasa de ganancia. La carestía de la vida refuerza la necesidad de empleo y el paro juvenil crónico presiona en la línea de aumentar nuestra cualificación de manera permanente para tener mayores posibilidades de contratación y permanencia. La temporalidad y la parcialidad imbrican así con un sistema educativo cada vez más flexible que garantiza que compaginemos y alternemos entre el trabajo, el estudio, las prácticas y el paro mientras los capitalistas solo obtienen de esto beneficios: mano de obra gratuita o semi gratuita, trabajo a demanda, beneficios directos a través del sistema educativo, etc.
Con estas medidas se entiende mejor el amplio apoyo recibido, que no se limita al Congreso de los Diputados, pues también la patronal se ha mostrado muy favorable a una ley que contiene para ellos: “reivindicaciones históricamente necesarias del sector” . Mientras tanto, el Gobierno la vende como el antídoto ante el desempleo juvenil y los medios de comunicación se hacen eco de este remedio mágico, poniendo en valor que no ha sacado a la comunidad educativa a la calle.
Poco les importa que esto sea por la discreción con la que se haya tramitado la ley o por los fuertes condicionantes de la pandemia. Lo que sí está claro es que se está iniciando un nuevo ciclo de protestas estudiantiles, que ya empezó a finales del curso pasado y volvió a la calle el pasado 24 de Marzo contra los ataques a las enseñanzas universitarias. Estas movilizaciones y muestras de descontento, que van en aumento, poco tardarán en sumar al conjunto del estudiantado. Porque lo que esta claro es que nuestra formación es para ellos un negocio, y para que esto cambie es tan urgente como necesario pasar de la indiferencia y la apatía a la lucha y la organización.
