Desde el inicio de la pandemia y el estado de alarma en nuestro país en marzo de 2020, venimos asistiendo a una gran cantidad de nuevas leyes, reales decretos y otras medidas legislativas que, con mayor o menor apoyo de los diferentes grupos parlamentarios, va sacando adelante el Gobierno de coalición. Es posible resumir el espíritu de todas estas medidas en la cita de Marx de que el poder público no es sino, pura y simplemente, el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la burguesía. Por mucho que la política comunicativa del Gobierno diga lo contrario, vemos cómo en este contexto de crisis económica se ha legislado para favorecer los intereses de las grandes empresas, que buscan remontar su tasa de ganancia a costa de la clase trabajadora.
En materia educativa, el Gobierno ha aprobado o pretende aprobar una serie de leyes y reformas (LOMLOE, Real Decreto de Organización de Enseñanzas Universitarias, Real Decreto de Convivencia Universitaria…) que continúan la senda de privatización, segregación y adecuación a la realidad productiva seguida en los últimos años por los sucesivos Gobiernos de PP y PSOE; una senda, además, que se halla en completa consonancia con las líneas maestras propuestas por la Unión Europea. El Gobierno reviste estás medidas de pomposas referencias a la “digitalización” y “modernización”, pretendiendo soslayar que lo que se está ejecutando es un plan de ajuste del sistema educativo a las nuevas necesidades del capitalismo en España. Dicho plan aborda de manera integral todos los niveles de enseñanza, y ahora le ha llegado el turno a la Formación Profesional.
En los últimos años esta modalidad formativa ha crecido considerablemente: un 60 % en la última década, aumentando este curso en 46.494 alumnos respecto al anterior. Actualmente se compagina formación teórica en aulas frecuentemente abarrotadas y carentes del material y equipamiento con prácticas en empresas donde el alumnado a menudo realiza labores propias de un trabajador pero ni percibe remuneración ni le protegen los correspondientes derechos laborales. La ley orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional pretende introducir una serie de modificaciones de gran calado que, en palabras de la exministra Celáa, modernizarán absolutamente el sistema y supondrán “un cambio radical” ¿en qué dirección irán esos cambios?
La nueva ley busca convertir toda la FP en modalidad dual. Es decir, aumentará el tiempo total de prácticas en empresas de los distintos ciclos. Concretamente hasta un 35 % en la FP Dual General y un 50% en la FP Dual Avanzada. Únicamente en esta última modalidad las prácticas serán de tipo laboral, siendo el resto no laborales y, por tanto, sin contrato de trabajo, derechos laborales o remuneración. Lo que supone, en un contexto de fraude generalizado, un aumento de horas trabajadas y no pagadas; es decir, más trabajo gratis. Sólo las prácticas en empresas de la FP Dual Avanzada contarán obligatoriamente, dado su carácter laboral, con remuneración, siendo esta en todo caso inferior al salario percibido por cualquier otro trabajador con el mismo puesto de trabajo. Al igual que ocurre con la Formación Dual en la universidad, el anteproyecto de Ley de FP no sólo amplía los marcos que permiten y generalizan la fraudulenta —es decir, ilegal— utilización habitual del trabajo gratuito sino que, al laboralizar todas las prácticas de la FP Dual Avanzada, cristaliza también legalmente que la inserción en el mercado de trabajo de los estudiantes de FP se dé de forma masiva y generalizada a partir de elevadísimos niveles de explotación. Niveles de explotación que, de manera indirecta, refuerzan la temporalidad de la juventud y permiten presionar a la baja las condiciones generales del resto de la clase.
En palabras de la exministra Celaá, mediante la ley se conseguirá “dignificar la FP y que deje de ser considerada definitivamente una enseñanza de segunda y se convierta en antídoto contra el desempleo”. De nuevo el Gobierno socialdemócrata plantea como solución a la altísima tasa de desempleo (que entre la juventud llega hasta casi el 40 %) ofrecer a las empresas mano de obra barata y temporal a través de la vía de la “formación”. Las empresas, evidentemente, aplauden las rotaciones casi gratuitas de nuevos alumnos-trabajadores, generalmente pagadas por el Estado, con pocas garantías de protección y representación laboral. Por ello la propia patronal ve el anteproyecto como “un buen punto de partida”, pues “recoge varias de las propuestas que históricamente se vienen trasladando desde el ámbito empresarial para acercar aún más la FP a las necesidades del tejido productivo”.
Otra de las cuestiones que aborda la nueva ley es la profundización en la estructuración modular de los ciclos, que se propone paralela y complementariamente a una flexibilización de los itinerarios formativos y el currículum de las titulaciones. Por un lado, la formación modular se corresponde a las nuevas formas de organización del trabajo —temporalidad, parcialidad, flexiseguridad— características del proceso de uberización de la economía, que permiten rellenar periodos intermitentes de paro con formación específica complementaria y convalidable. Por otro, esta flexibilidad curricular debe entenderse como parte del proceso de estrechamiento y adecuación ente la formación y la producción. La hiperespecialización y la tecnificación educativas —necesarias para una mano de obra competitiva en la puesta a punto del capitalismo español y europeo en esta crisis— se complementan así con un diseño específico y flexible de la Formación Profesional, que permite adaptar los itinerarios formativos a la demanda de fuerza de trabajo específica del tejido productivo del territorio. Demanda específica de las empresas que, a su vez, se ve reforzada por un papel de éstas cada vez mayor y más directo en el proceso formativo del estudiante. Nada que ver con la promoción de una formación integral.
Nada que ver con esto, tampoco, la estructuración de puentes entre la FP y la universidad. La nueva ley de FP —con su correlato en la nueva Ley de Universidades— incorpora mecanismos para la integración de los currículum de ambas ramas formativas. El proceso de hiperespecialización, tecnificación y adaptación de la educación a las coyunturales necesidades del capitalismo no es exclusivo de las FP. Es, de hecho, simultáneo a un proceso de devaluación de los grados universitarios. Así pues, no trata esta ley no ya de superar, ni siquiera de difuminar la división entre el trabajo manual e intelectual en una suerte de democratización de la formación superior. La producción capitalista exige distintos niveles de cualificación. La mayor adecuación y coherencia —desde la lógica del beneficio privado— entre la FP y la universidad facilita precisamente la selección progresiva de aquellos perfiles más o menos cualificados que las empresas van requiriendo, dando cobertura a sus concretas necesidades de cualificación. Todo ello enmarcado en un proceso de segregación progresiva del estudiantado que va quedando expulsado de los estudios superiores, se convierte en el telón de fondo de la expulsión educativa de los hijos e hijas de la clase obrera y las capas populares.
Todos estos elementos analizados dibujan un panorama en el que, con una precariedad cada vez más instalada, la juventud obrera irá alternando entre el paro, trabajos temporales y a demanda y periodos cortos de formación muy específica con mayor instrumentalización directa de los propios monopolios. Además de digitalización y modernización, conceptos como el aprendizaje a lo largo de la vida o colaboración público-privada son el velo tras el cual se esconde esta puesta a punto del modelo educativo para las necesidades contemporáneas del capitalismo español y europeo.
El Gobierno tiene prevista la tramitación parlamentaria del anteproyecto en ambas cámaras para el último trimestre del año. Desde la Juventud Comunista manifestamos un contundente rechazo a la propuesta y llamamos al estudiantado, a todos y todas los hijos e hijas de la clase obrera, así como a toda la comunidad educativa a confrontar esta ley desde el comienzo del curso escolar. El estudiantado combativo ya dio un ejemplo de la necesidad de dar un paso al frente el pasado 6 de mayo, protestando contra el proyecto de reforma del ministro Castells. Ese ejemplo debe ampliarse, extenderse, tomar forma y vida en cada instituto y facultad, en unidad entre trabajadores y estudiantes. ¡Basta de adormecimiento bajo la lógica del mal menor! ¡Basta de silencio y parálisis ante los ataques camuflados con buenas palabras del Gobierno! Llamamos a todo el estudiantado, y particularmente a los estudiantes de Formación Profesional, a no esperar y convocar asambleas, reuniones, a asociarse, a organizarse desde el comienzo del curso para generar un muro de contención contra la voluntad del Gobierno de convertir nuestra formación en el mejor negocio de los capitalistas.
Comisión Política de los CJC
