A lo largo de las últimas semanas se ha ido esbozando el proyecto de reforma para la universidad española del Gobierno de coalición y, en particular, del Ministerio de Universidades encabezado por Manuel Castells. A la intención de elaboración de una Ley Orgánica de universidades para los meses de otoño se le suma la publicación, hace unas semanas, del borrador de Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias. Retoma así el Ministro la intención de aprobar algunas de las medidas que paralizó el año pasado, tras el estallido de la pandemia.
– La crisis capitalista: el telón de fondo de la reforma universitaria.
El horizonte de reforma universitaria se presenta en medio de un curso marcado por la pandemia y la crisis que ésta ha acelerado. El empobrecimiento generalizado del pueblo trabajador se constata cada día. Los jóvenes, trabajadores y estudiantes, afrontamos esta crisis de manera particularmente agravada. La tendencia a la modernización de la explotación —la uberización del trabajo— cristaliza abriendo nuevas vías de obtención de plusvalías, a costa de la depauperación de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, pareja a la pérdida de derechos históricamente conquistados. La tasa de emancipación juvenil registra su mayor caída en tres décadas. El proceso de tecnificación de la educación va acompañado de la elitización y la segregación educativa. La presión académica aumenta en condiciones de semipresencialidad, y la afectación generalizada sobre la salud mental es una constante entre la juventud ante la constatación de un futuro en el que las únicas certidumbres son la precariedad y la supervivencia.
Ese es el telón de fondo en el que el Ministro, desaparecido durante toda la pandemia, ausente durante el confinamiento y mientras miles de estudiantes, en plena tercera ola y en medio del temporal Filomena, eran hacinados en las universidades con motivo de los exámenes de enero, reaparece con la intención de llevar a término un plan de reforma de la universidad española. Un plan de reforma que genera las condiciones para la cristalización de nuevas vías para la privatización educativa, la presencia directa de empresas en la educación y la promoción de diversos mecanismos para hacer de la mano de obra estudiante una vía fácil y barata para la obtención de plusvalías.
– El Real Decreto de Castells: primer paso para la reforma universitaria.
La presión de organizaciones sindicales y estudiantiles respecto al primer borrador ha resultado en la marcha atrás del Ministro en su intención primera de consolidar en la universidad española el modelo 3+2. Sin embargo, el borrador publicado, cuya aprobación está prevista para el final de este curso y que, como todo borrador, es susceptible de ser modificado en el proceso de tramitación, mantiene intactas el resto de medidas de la primera propuesta.
Destaca, entre ellas, la intención de implementar la Formación Dual en las universidades. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 se incorporaba una modificación del Estatuto de los Trabajadores (art. 13) para la creación de un nuevo tipo de contrato: el contrato para la formación dual universitaria. Su desarrollo legal lo encontramos en este Real Decreto: se abre la posibilidad de que los Grados y los Másteres den opción a una Mención Dual, que consiste en que entre un 20% y un 40% de los créditos sean prácticas en empresas. De esta forma, las ya existentes prácticas no laborales (las que utilizan fraudulentamente al estudiantado como fuerza de trabajo gratuita o cuasi gratuita) pasan a convivir con esta modalidad de tipo laboral. Lo que hasta ahora, en las universidades, era una práctica impugnable judicialmente —la sustitución de puestos de trabajo por estudiantes sin contrato— cristaliza bajo formas legales. Aparece, de la mano del contrato para la formación dual universitaria, la triple escala salarial, que implica que un mismo puesto de trabajo pueda cubrirse con hasta tres situaciones salariales diferentes: a las ya diferencias salariales según antigüedad o fecha de ingreso, se le añade esta figura del estudiante en prácticas.
Significa, en definitiva, una pérdida de derechos laborales no sólo para el estudiantado afectado, sino que para el empleo juvenil en particular y el conjunto de trabajadores y trabajadoras en general, en tanto que genera una presión a la baja de los salarios en los sectores afectados y favorece la temporalidad. Una pérdida que se da, además, en un marco de dificultad añadida para la organización política y sindical característica del empleo juvenil, que en este caso se ve reforzada por una mayor dependencia del estudiante hacia la empresa (para obtener la titulación, una determinada calificación, etc…). Todo ello, además, facilitando una vía más para el aumento de la presencia directa de la empresa privada en la educación pública.
A la par que se aprovechan las prácticas como vía fácil de obtención de plusvalías, se incorpora la creación de grados con itinerario abierto. Nada tiene esta propuesta que ver con la idea de una educación integral que rompa con la hiperespecialización educativa fruto de las exigencias de la división social del trabajo. Lo atractivo de esta propuesta quiebra rápidamente cuando la ubicamos en el contexto de la educación capitalista y sus limitaciones para el estudiantado de extracción obrera y popular. La apariencia de libre elección y concreción consciente de la formación académica elegida no solamente oculta los condicionantes que influyen a la hora de estructurar individualmente el itinerario académico, sino que es la contraparte de la elitización y la segregación educativa. Poder permitirse o no el pagar un máster especializante condicionará de facto la decisión de optar por una formación más o menos diversificada en el grado.
Pero si el principal ataque a la juventud trabajadora con este Real Decreto aparece de la mano de la formación dual, el discurso oficial girará en torno a la pretensión de reforzar los criterios para asegurar la calidad educativa. Sin embargo, estos criterios, a partir de los cuales se va a medir dicha “calidad”, son los emanados del Espacio Europeo de Educación Superior, a través del refuerzo de la ANECA (organización creada para la aplicación en España de las directrices de la UE) contenido en el Real Decreto. El no cumplimiento de tales requisitos por las universidades será un elemento justificativo de medidas que lejos de beneficiar a la clase trabajadora y sus hijos e hijas garantizarán la adaptación de la universidad española a los intereses del capital español y europeo. Un ejemplo claro de esta cuestión es el relativo al profesorado universitario: la contratación fraudulenta de falsos asociados es un factor que, lógicamente, hace que la mayoría de universidades públicas puntúen negativamente. Ello, sin embargo, lejos de servir para el cese de dicha práctica, ya se está arguyendo como refuerzo para la propuesta del Ministro de laboralización del personal docente en las universidades, a la que sindicatos y organizaciones estudiantiles se han opuesto frontalmente.
– Confrontar con la propuesta comunista cada reforma que ahonde en nuestra explotación.
En ese sentido, la necesaria oposición al Real Decreto no se puede desligar de su interrelación no sólo con una reforma universitaria mucho más amplia sino de su inserción en una crisis económica profunda. La educación, tal y como ya analizamos en esta resolución1, además de espacio de acumulación y de reproducción ideológica del capital, es permeable a las necesidades productivas del momento y a las exigencias de la división social del trabajo. La reforma universitaria, la cristalización bajo formas legales de la tendencia a la privatización y tecnificación educativa, es la cara b de la uberización del trabajo. Es desde ese marco desde donde se hace necesaria una confrontación frontal y total a cada una de las medidas que vayan en la dirección de aumentar la explotación y la depauperación de nuestra clase.
La juventud estudiante y trabajadora, mano de obra barata facilitada por el Gobierno a unas empresas que se frotan las manos, somos también quienes no podemos pagar el alquiler. Alternamos el paro con empleos de miseria. Compaginamos estudios con trabajo porque no podemos pagar las tasas, forzados muchos de nosotros a abandonar la universidad para ayudar a nuestras familias. La entelequia de una gestión progresista de la crisis se desmonta cada día, pues las medidas del Gobierno socialdemócrata, como las de cualquier gobierno capitalista, se mueven en los márgenes de las exigencias del devenir del capitalismo español y europeo. Los ERTES se convierten en ERES, la estrategia de la conciliación de clases nos sale siempre a devolver, y aparecen nuevas vías de aumentar sus beneficios a costa de nuestra vida.
La pandemia no puede servir a los gobiernos como pretexto para justificar los ataques a nuestra clase. Sobran las razones —y el Real Decreto de Castells es una más, pero no la última— para decir: ¡Organización, organización y organización! Por ello, llamamos al conjunto del estudiantado a formar parte activa de las movilizaciones y acciones contra las reformas en ciernes; a levantar en cada centro de estudios una trinchera que confronte radicalmente cada ataque por venir. La clase trabajadora, y su juventud, reúne el potencial para transformarlo todo: para poner fin a sus crisis y superar definitivamente el sistema capitalista; para construir una educación a nuestro servicio, integral, científica y completamente gratuita. La condición de posibilidad es tomar partido.
Elige lo necesario.
Elige Juventud Comunista.
Comisión Política de los CJC
