La precariedad laboral y el paro juvenil son dos de los grandes problemas a los que la juventud madrileña se enfrenta a diario. Ambos, si bien son un síntoma propio de la enfermedad llamada capitalismo, se han visto acentuados por otra, menos contagiosa y dañina, como es la COVID-19 y la pandemia que ha traído consigo.
En los últimos meses, los niveles de paro juvenil en España han llegado a ascender al 45%, siendo la más alta de Europa. En el caso de Madrid, el paro en menores de 25 años se situaba en un 32,4% a finales de 2020, a lo que se le suma la precariedad laboral que sufrimos; precariedad que se traduce en la temporalidad de los contratos, las malas condiciones laborales o los bajos salarios, con jóvenes que necesitan, en muchas ocasiones, pluriemplearse o compaginar trabajo y estudios. Todo ello inevitablemente dificulta la posibilidad de afrontar los gastos básicos de la vivienda, los cuales ya de por sí suponen un gran esfuerzo para la mayoría de la juventud madrileña.
Este cóctel explosivo incide directamente en otro dato, igualmente demoledor: en la Comunidad de Madrid sólo el 20,6% de jóvenes entre 16 y 29 años están emancipados. El resto, se ven abocados a seguir viviendo en el domicilio familiar o, incluso cuando residimos en otra vivienda, a depender de la ayuda económica de sus familias. Esto unido además al discurso, muy extendido, de que lo “lógico” es optar por compartir piso, no como una decisión por voluntad propia, sino como única alternativa viable y realista.
Todo esto además con el añadido de que de media en nuestra región hemos de destinar un 105% de nuestro sueldo al alquiler, mientras que diversos estudios e instituciones indican que este porcentaje no debería pasar del 30%. Vemos que, aun siendo un derecho básico, la vivienda no es accesible para el grueso de los jóvenes de la región, siendo inasumible incluso para aquellos con un sueldo.
Más allá de esto, se le suman otra serie de factores que a menudo no suelen tenerse en cuenta, pero que también repercuten en el empeoramiento las condiciones de la juventud a todos los niveles. Nos encontramos con que, a menudo, no podemos elegir cuándo o con quién compartir residencia, ni en qué condiciones. Mientras que algunos pintan como un “capricho” la emancipación, en ocasiones no hacerlo puede conllevar riesgos serios, sobre todo cuando existen problemas de convivencia, agravando los potenciales conflictos y malestar psicológico.
Ante esta realidad, con el nuevo Plan Integral de Alquiler Municipal los gobiernos de la CAM y del Ayuntamiento de Madrid han seguido el esquema de favorecer a los grandes propietarios y no ofrecer soluciones duraderas a las familias trabajadoras y a la juventud; las pocas medidas que atienden a sus necesidades lo harán de forma temporal y superficial, sin llegar a toda la población.
La política de vivienda de los gobiernos de Ayuso y Almeida es clara: poco a poco vamos viendo cómo sus medidas pasan por aplicar ayudas directas a rentas “medias” y altas, como el plan proyectado por el Ayuntamiento de Madrid para conceder ayudas al alquiler a hogares con rentas que se encuentren entre 32.200 y 88.200 € anuales. Así, pretenden facilitar el acceso a una vivienda de alquiler a aquellas personas que, por sus ingresos, no pueden optar a una vivienda social pero que tras el ascenso de los precios experimentado los últimos años, según el propio Almeida, “tienen problemas socioeconómicos”.
Además, una de las premisas de las que parte este plan es la búsqueda de inquilinos “con solvencia y estabilidad económica”, es decir, algo completamente desajustado a la realidad de la juventud madrileña dada la gran precariedad y la creciente tasa de paro de los puestos de trabajo a los que la mayoría puede optar, más si además se tiene en cuenta que con la pérdida masiva de puestos de trabajo 2020 aumentó hasta un 20,7% la proporción de hogares jóvenes en los que no había ninguna persona ocupada, 7,5 puntos más que en 2019.
Otros planes consisten en ofrecer desgravaciones fiscales para la compra de vivienda a jóvenes, como el llamado Plan Vive, que ha arrancado ya con la licitación de las primeras 46 parcelas para construir 6.646 viviendas en 14 municipios, cuyos alquileres pueden llegar a superar los 1000 €/mes. Tampoco sorprenden las 15.000 viviendas turísticas que en estos meses de pandemia se encuentran vacías, y que han sido puestas a disposición del alquiler convencional o los irrisorios cheques vivienda a menores de 35 años por valor de 150€.
Y es este baile de cifras y números frente al que nos encontramos los jóvenes de extracción obrera y popular. Al querer acceder a estas ayudas se nos exigen, en algunos casos, unos requisitos tales como un sueldo mínimo de 2.700€ mensuales.
Es evidente que estas políticas lastran aún más nuestras posibilidades de independizarnos e iniciar una vida digna. Se evidencia cómo el interés privado se sitúa por delante del interés de la clase obrera y, más concretamente, del interés de su juventud. La transferencia de fondos públicos al sector privado no tiene otro objetivo que el de salvar a los empresarios, quienes con el aumento de pérdidas al no poder alquilar sus pisos turísticos por la pandemia, tratan de buscar formas de proteger su negocio. Una vez más, vemos cómo el gobierno es quien facilita que en contexto de crisis los grandes propietarios puedan remontar su tasa de ganancia, adoptando medidas bajo la lógica del beneficio de estos. En definitiva, mientras los grandes capitales hacen negocio especulando con la vivienda y el alquiler, es únicamente la solidaridad del pueblo de la que en algunos casos depende el acceso a la vivienda de los jóvenes.
La crisis económica actual no está haciendo más que exacerbar y dejando al descubierto las contradicciones y limitaciones del capitalismo. Vemos cómo en Madrid, con un 62% de viviendas jurídicas, de las cuales miles se encuentran vacías, hay todavía miles de personas sin hogar, y la mayor parte de los jóvenes no pueden abandonar el hogar familiar; la propiedad privada es el único criterio del beneficio económico que hace que, a pesar de que existan suficientes medios para satisfacer las necesidades de toda la población en relación con la vivienda, no ocurra así.
No obstante, para la juventud obrera madrileña esto sólo supondrá un nuevo varapalo, una traba más para el acceso a la vivienda, pues se espera que estas medidas resulten en la inflación de los precios del alquiler, que son ya los más altos de toda España.
Esto es una evidencia más de que la pandemia sí entiende de clases sociales; las consecuencias económicas de la crisis desatada no están siendo las mismas para todos, y en el caso de la juventud y su relación con la vivienda está ahondando aún más todos estos problemas. En definitiva, la crisis económica acelerada y el consecuente empobrecimiento de amplios sectores populares implica un acceso cada vez más difícil a la vivienda, especialmente en el caso juvenil.
Ante esto, los CJC Madrid llamamos a la juventud madrileña a elegir lo necesario. Lo necesario es construir un futuro donde los jóvenes puedan desarrollar libremente sus proyectos individuales y colectivos, en el que el acceso a la vivienda sea una garantía y no esté mediado por el parasitismo social de un puñado de capitalistas. Es necesario luchar frente al hacinamiento y la exclusión social; dejar de buscar únicamente lo que es posible y elegir, de una vez por todas, lo necesario.
