A lo largo de esta última década se ha incrementado significativamente la llegada a España de solicitantes de asilo, coloquialmente llamados refugiados, provenientes de distintos continentes. Ha sido tal el aumento que el gobierno de España admitió a trámite 88.762 solicitudes de asilo en el año 2020 a pesar de las restricciones de movilidad aérea impuestas por la crisis sanitaria generada por la COVID-19, que limitaron los viajes sobre todo a las personas extranjeras de la Unión Europea.

Ante la llegada de estos miles de trabajadores, los diferentes gobiernos han tratado de establecer programas de Atención Social de cara a poder introducirles en la sociedad de la manera que fuera más asimilable para el sistema. Los empresarios y los diferentes gestores no han dudado en integrar a estos trabajadores con el único fin de poder gestionar su explotación de la manera en la que los intereses burgueses quedaran mejor afianzados, siendo, en muchas ocasiones, estos trabajadores utilizados para empleos con condiciones especialmente lesivas.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, este sistema presenta en la actualidad dos problemas especialmente graves: la privatización de este servicio público -dada en consonancia con el resto de políticas privatizadoras de la CAM- y el elevado número de resoluciones que deniegan las solicitudes de asilo. La gran mayoría de centros y pisos se encuentran externalizados, son financiados con dinero público pero son gestionados por ONGs o entidades privadas como CEAR, Cruz Roja, Asispa, Grupo 5, Accem o Mensajeros de la Paz. Como consecuencia a la gestión privada, se reducen contrataciones y se tiende a imponer unas condiciones laborales pésimas sobre los trabajadores, condiciones con las que estas entidades persiguen un incremento privado de las ganancias a través del dinero público, aprovechándose a su vez de sus funciones dentro de este ámbito para presentarse como altruistas y comprometidas con situaciones de vulnerabilidad existentes en nuestra sociedad.

Por otra parte, como muchas personas no cumplen con los requisitos para que se les conceda el asilo, sus solicitudes son denegadas y son expulsados del sistema de protección quedando en situación irregular. En caso de permanecer en España tienen bastantes dificultades administrativas para regular su situación, lo que conlleva, como añadido, que desarrollen problemas psicológicos relacionados con la incertidumbre que rodea sus vidas. Se ven obligados a buscar empleos incluso más pauperizados en los que sufren una gran vulneración de sus derechos laborales. Por lo general, muchos de ellos tienden a desempeñar trabajos que conllevan una intensa carga física. Todos los sectores laborales comparten una alta demanda de mano de obra y un abundante nivel de temporalidad y precariedad. Igualmente, esta situación produce un caldo de cultivo bastante peligroso que puede ser utilizado por mafias, grupos criminales o proxenetas, teniendo una especial afectación entre las mujeres trabajadoras.

Ahondando concretamente en la situación de Madrid en materia de asilo, durante mucho tiempo se ha carecido de un centro que acogiese de forma inmediata a los usuarios. Esto cambió a finales de 2019 a raíz de un incidente mediático en el que muchas familias con menores, incluyendo bebés, tuvieron que dormir en la calle a las puertas de la sede central de Samur Social. Debido a la presión que ejercieron los vecinos de la zona y distintos medios de comunicación ante una negligencia tan evidente de las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Madrid decidió crear el Centro de Emergencia Temporal Caracolas. Su construcción se realizó de forma apresurada, con poca planificación y muchos defectos estructurales, disponiendo un conjunto de casas prefabricadas con materiales de poca calidad para alojar cuanto antes a familias solicitantes de asilo. El ayuntamiento adjudicó su gestión a Asispa, una entidad privada dedicada principalmente a la atención domiciliaria y residencial de personas mayores, y el centro abrió en febrero de 2020 contando con una capacidad de 300 plazas.

En un principio, la función de Caracolas consistió en alojar temporalmente a población de asilo que careciese de recursos económicos en Madrid, mientras esperaba a ser derivada a otros centros del sistema de protección estatal. Con motivo de la crisis económica que atraviesa el país, desde mediados del año pasado 200 plazas del centro se destinaron a personas en situación de emergencia, mayoritariamente por desahucios y falta de recursos, permaneciendo 100 plazas para los solicitantes de asilo. Aunque este dispositivo ha servido para hospedar a muchas personas, en varios momentos la red de asilo se ha visto tan saturada que se ha dejado a hombres, mujeres y familias con menores en situación de calle. De hecho, el sistema de protección estatal se encontró tan congestionado en octubre de 2021 que el Centro notificó mediante una carta de expulsión a varias familias que debían abandonarlo en un período máximo de quince días. Después de varias comunicaciones entre las administraciones públicas, se acordó en el límite de los quince días la derivación de estas familias a centros del sistema de protección para que no terminaran durmiendo en la calle. Ante este contexto de alta demanda de plazas las administraciones reaccionan con demasiada lentitud y muchas veces, aunque se realicen presiones para que aumenten los centros de acogida, muestran una absoluta falta de interés para cubrir estas necesidades básicas.

En la actualidad, como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, el gobierno central y el resto de administraciones públicas españolas han puesto el foco en dar una imagen de “solidaridad” con los refugiados ucranianos para blanquear a nivel internacional las políticas agresivas de los países miembros de la OTAN -algo que choca directamente con la política de venta de armas de las empresas españolas y el apoyo al crecimiento de la guerra en los países eslavos-. Concretamente, en el Centro de Caracolas se han cambiado los protocolos de acceso en cuestión de días para priorizar la acogida de personas ucranianas frente a familias solicitantes de asilo de otras nacionalidades, a quienes se ha dejado durmiendo en la calle. Debido a la falta de recursos y plazas que mencionábamos antes, los procedimientos que siguen el ayuntamiento y el sistema de protección estatal para responder a tantas demandas son incongruentes y arbitrarios. Evidentemente, es necesario y urgente atender a las personas procedentes de Ucrania, pero la carencia de medios y financiación por parte del Estado está provocando que se discrimine a refugiados de otros países sin darles ningún tipo de alternativa. Se demuestra que la política exterior, de reverencia a la UE y a la OTAN, priman ante la protección de población vulnerable.

Tanto desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, competencia del Gobierno Central con un posicionamiento socialdemócrata, como desde el ayuntamiento de Madrid con una orientación política liberal, se defiende un modelo con múltiples deficiencias que es incapaz de atender con un mínimo de condiciones dignas a los solicitantes de asilo, llegando a dejar a personas en situación de calle. La externalización y privatización de estos servicios deja claro que pretenden favorecer los intereses económicos de las entidades privadas por encima de las necesidades de los refugiados y los derechos laborales de los profesionales que lidian cada día con situaciones complicadas en sus centros de trabajo. El grado de cinismo es tan abrumador por parte de las instituciones públicas que han acudido al Centro de Caracolas personalidades como Begoña Villacís para que se visibilice en medios de comunicación su compromiso y solidaridad con los refugiados ucranianos, mientras en todo este tiempo no se han preocupado por las condiciones en las que viven los refugiados, ni nadie del ayuntamiento se ha interesado siquiera por el cumplimiento del pliego de condiciones que regula el funcionamiento del centro.

Desde los Colectivos de Jóvenes Comunistas creemos que el CET las Caracolas debe pasar a estar gestionado exclusivamente por los trabajadores de este, recibiendo una financiación adecuada de la cual ninguna empresa privada pueda aprovecharse. Igualmente, entendemos imperiosa la creación de cada vez más redes públicas de inserción social, pero no bajo las lógicas del capitalismo, que prima la extracción de la fuerza de trabajo para intereses privados, sino bajo la lógica de la reproducción individual y colectiva de todo ser humano en condiciones dignas, saludables y lejos de estigmas y bajo la máxima de trata de igual a igual a cualquier persona de extracción obrera, independientemente de su lugar de procedencia.

Igualmente, creemos que absolutamente todos los refugiados por motivos de guerra o de pobreza han de ser atendidos en igualdad de condiciones, prestando atención a las necesidades específicas que puedan tener los diferentes grupos sociales. La inserción social de las personas más vulnerables es algo mucho más importante que una foto de un político capitalista o que una señal de fuerza para seguir ganando posiciones en el bloque imperialista de la OTAN y la UE.