En un contexto de crecimiento de las posiciones ideológicas reaccionarias, la disposición de espacios públicos por parte de los estudiantes o jóvenes para llevar a cabo iniciativas culturales, sociales o políticas se está viendo limitado por las instituciones públicas que las gestionan.
Ante esta censura velada, la organización comunista redobla su importancia en la defensa de los derechos más básicos a través de su ejercicio organizado. Este ha sido un nuevo caso de (intento de) coerción, en la Universidad de León (ULE).
Desde el estallido de la guerra imperialista en Ucrania, los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) venimos denunciando el carácter imperialista de nuestra época en un ejercicio denuncia consecuente contra el capital en nuestros espacios de vida, estudio y trabajo. Denuncia que choca con el consenso capitalista que suscribe y apuntala la gestión socialdemócrata del capital, hoy en el Gobierno.
En el mes de noviembre, los CJC damos continuidad a la campaña “Construir la oposición obrera a la guerra imperialista”, denunciando en nuestros espacios de vida la conexión entre la degradación de nuestras condiciones de vida y trabajo con el genocidio en Palestina y la política belicista que los gobiernos suscriben como gestores de los intereses de las distintas secciones nacionales de la burguesía. Nuestra conclusión es clara: el capital es la causa común de ambos, de la mayor precariedad aquí y del genocidio palestino. Es en este contexto, de expresión y difusión de una política independiente y de clase, cuando encontramos la censura.
Pese a las muestras de solidaridad que durante las acampadas estudiantiles de 2023 se hicieron evidentes en muchas universidades españolas (también en la ULE), nos fue negado, de forma inaudita, la cesión de un espacio en este centro bajo argumentos dilatorios y fingidos; siguiendo así la política promovida por el Rectorado de un tiempo a esta parte de limitación de espacios, denuncias y expulsión de toda forma de política independiente de los centros universitarios.
A la retirada de la agitación en los centros de estudio le siguió la amenaza abierta ante la posibilidad de llevar a cabo nuestro acto, así como el reiterado intento de boicotear in situ su realización por parte de las instancias universitarias, en este caso, simpatizantes y ligadas a sectores de la socialdemocracia (en este caso, PSOE). Todo ello mientras en otro espacio de la facultad se llevaba a cabo un acto con motivo de los 50 años de la muerte de Franco titulado “Recordemos la dictadura, celebremos la libertad”. ¿Libertad para quién? Desde luego que no se refería a la libertad de reunión ejercida por comunistas, no ya en 1975, sino en 2025.
En este contexto, la realización del acto, que se llevó a cabo, acoge una doble significación política:
- La relevancia de disputar el ejercicio de la política de clase en nuestros espacios de vida, trabajo y estudio como espacios atravesados por las contradicciones capitalistas, rechazando su visión como espacios ajenos al ejercicio político. Organizarnos en nuestros espacios de vida es fundamental.
- La necesidad de confrontar cualquier forma de limitación, censura o impedimento de la acción política de clase a través de la organización consciente. La Juventud Comunista se revela como la única forma de contener los ataques y organizar la respuesta.
Dada esta situación, denunciamos:
- La limitación del derecho de reunión ejercida por las instancias universitarias de la ULE, en línea con los cambios legislativos (LCU) impulsados por el Gobierno socialdemócrata en 2021.
- El papel que la socialdemocracia juega en el bloqueo, desmovilización y contención de las reivindicaciones clasistas; en este caso, obstaculizando la denuncia internacionalista y consecuente del genocidio palestino.
Los CJC dejamos clara nuestra propuesta y la instancia educativa también ha dejado clara la suya.
Este es un ejemplo más entre los muchos que enfrentamos con mayor frecuencia. Se evidencian no solo las crecientes limitaciones e impedimentos al ejercicio de derechos fundamentales por distintas instancias públicas, sino también el criterio selectivo que la socialdemocracia aplica en su censura hacia la organización política de la clase obrera.
