La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 incorporaba la creación de un nuevo tipo de contrato formativo. Mediante modificación del Estatuto de los Trabajadores (art. 11.3), se introducía el “contrato para la formación dual universitaria”. ¿Qué implicaciones tiene esta modificación que ha pasado casi desapercibida?
Los CJC ya denunciamos el pasado curso la voluntad del Gobierno, con el Ministro Castells a la cabeza, de avanzar en la tecnificación y privatización educativa a través de una reforma universitaria. El borrador de este proyecto, paralizado tras el estallido de la pandemia, incorporaba la propuesta de formación dual universitaria, similar a la ya existente en las FP. La propuesta contenía que, en determinados grados, entre un 20% y un 40% de los créditos fueran destinados a prácticas de tipo laboral (con contrato de trabajo y no mediante convenio de prácticas).
La creación de este nuevo tipo de contrato, aún pendiente de desarrollo normativo, crea la base legal para la implementación futura de la propuesta de Castells, que ya ha elaborado un nuevo borrador de Real Decreto, pendiente aún de aprobación, que incorpora, entre otras medidas, la creación de la formación dual universitaria en los términos referidos. Sea como fuere, este tipo de contrato abre las puertas a la ya no doble, sino triple escala salarial: esto es, para un mismo puesto de trabajo existirían hasta tres situaciones contractuales y salariales diferentes. Bajo el amparo de estar dotando de formación y cualificación práctica al estudiante, aparece un nuevo mecanismo para favorecer, bajo formas legales, cada vez mayores tasas de explotación sobre la juventud —en este caso estudiante— y que son punta de lanza para cada vez mayores tasas de explotación sobre el conjunto de la clase obrera.
Hay quien dirá que este contrato supone la reivindicada laboralización de las prácticas universitarias, que por fin se aborda el fraude generalizado al que estamos sometidos los estudiantes que de facto estamos asumiendo las tareas de un trabajador, pero sin contrato ni salario. Pero hecha la ley, hecha la trampa: no está en los planes de ningún gobierno alterar de alguna forma el fraude tras las prácticas curriculares y extracurriculares. Lo que en realidad está pasando es que se está validando y consolidando legalmente una situación que hasta hoy, en el ámbito universitario, había sido fraudulenta e impugnable. En otras palabras, en plena crisis capitalista, la creación de este nuevo tipo de contrato facilita y cristaliza nuevos mecanismos para aplicar mayores tasas de explotación a la juventud obrera, a la vez que supone un reforzamiento de la presencia directa de las empresas privadas en la educación.
Desde la Juventud Comunista llamamos al conjunto del estudiantado de extracción obrera y popular a estar alerta ante los planes del Gobierno que buscan convertir al estudiantado universitario en mano de obra barata. En un contexto de crisis en que se va definiendo la estrategia para la universidad española, llamamos a levantar, en cada facultad, en cada campus, en cada universidad, una trinchera; a no dejar que utilicen como excusa las restricciones de movilidad para anestesiar al movimiento estudiantil, a no dejar que nos engañen e introduzcan sin hacer mucho ruido y camufladas con retórica reformas que refuerzan nuestra explotación y avanzan en la privatización educativa. Para transformarlo todo, por una educación para la clase obrera, en cada centro de estudios: elige lo necesario.
