A ocho años de una de las violaciones a los derechos humanos más grandes de este siglo en México, no perdemos la memoria y no perdonamos lo pasado. Sabemos quiénes son los culpables de esta barbarie, y ahora, con nueva información sobre el caso, la mentira que intentó construir el Estado se desmorona para evidenciar el papel que jugaron en la desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa.
Las Escuelas Normales Rurales nacen a partir de la Revolución Mexicana con el fin de formar a docentes que impartan conocimiento en las partes más pobres y marginadas del país, brindando a los estudiantes comedores, dormitorios y becas. El normalismo rural tiene una historia de lucha desde sus inicios y es fundador de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México FECSM, un pilar fundamental en la lucha estudiantil de nuestro país. Por lo que, no es sorprendente que también sean un sector que es constantemente reprimido y atacado por parte del gobierno mexicano.
No fue la excepción la madrugada del 26 de septiembre de 2014, cuando se dio la desaparición forzada de 43 normalistas rurales en una serie de eventos violentos, cuyas condiciones siguen sin esclarecerse. Los estudiantes habían realizado una toma de camiones para poder asistir a la marcha en conmemoración del 2 de Octubre de 1968 (la matanza de Tlatelolco, donde se reprimió al movimiento estudiantil acribillando a más de 300 personas) cuando fueron interceptados por la policía, que abrió fuego contra ellos. Fueron cuatro autobuses con estudiantes los que se encontraron con el ataque, mientras los estudiantes corrían a buscar refugio alertaron a sus compañeros de lo que sucedía, quienes mandaron un convoy a su ayuda. Así llegaron un grupo de alumnos y profesores que comenzaron a buscar a estudiantes que se habían refugiado alrededor cuando llegó un grupo armado que abrió fuego nuevamente en su contra. En el ataque murieron dos alumnos mientras que los demás huyeron a los alrededores.
De lo sucedido se reportaron 57 desaparecidos, más tarde se reportó que 14 de ellos se encontraban a salvo, restando la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, sobre esto hasta hoy sigue sin contestarse: ¿dónde están?
Las primeras declaraciones del gobierno decían que los estudiantes habían sido asesinados por un grupo de narcotraficantes llamado Guerreros Unidos, afirmación que se dio tras haber obtenido la confesión de presuntos involucrados, que después se demostró serían inválidas ya que se obtuvieron a través de torturas y videos modificados. En enero de 2015 el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, declaró que era la “verdad histórica” que los estudiantes habían sido detenidos y entregados a un grupo de sicarios que lideraban el alcalde del municipio junto con su esposa, José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa, para ser después asesinados, incinerados y sus restos arrojados a un río cercano, esto según pruebas científicas. También aseguró “No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola” y que habían detenido ya a 99 involucrados.
Los padres de los 43 se han mantenido desde el inicio luchando por obtener respuestas, fue gracias a sus esfuerzos y en inconformidad con el Gobierno Mexicano que lograron que junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se formara un equipo independiente de investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que según fue acordado brindaría asistencia técnica al gobierno. Desde su primer informe tras su formación presentaron evidencia que desmentía la “verdad histórica”, por lo que la investigación llevada a cabo por el equipo ha intentado ser desprestigiada, obstaculizada y hasta se expulsó al GIEI de las investigaciones por un periodo de tiempo.
“el pasado 28 de marzo presentó su tercer informe con evidencia clave sobre el caso. Entre la evidencia se encuentran videos grabados por un dron donde se ven agentes de la Secretaría de Marina y el propio Procurador General de la República, entre otros, en el basurero donde supuestamente se habían incinerado los cuerpos”
Tras ser reinstalados, el GIEI ha develado cada vez más evidencia que desmiente la declaración oficial de lo sucedido, y después de años de investigación y teorías, el pasado 28 de marzo presentó su tercer informe con evidencia clave sobre el caso. Entre la evidencia se encuentran videos grabados por un dron donde se ven agentes de la Secretaría de Marina y el propio Procurador General de la República, entre otros, en el basurero donde supuestamente se habían incinerado los cuerpos. El video muestra cómo se manipula el lugar para construir el discurso oficial antes de la declaración de la “verdad histórica”, y muestra también que los involucrados fueron cargos tan altos como el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, o el Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ya que sólo ellos dos contaban con la autoridad para haber dado la orden de grabar desde un dron estas escenas.
El equipo también descubrió que se han llevado a cabo investigaciones oficiales al interior del Ejército Mexicano y se han aplicado “acciones disciplinarias” a los responsables, y que existen documentos oficiales desde fechas anteriores al suceso y a lo largo de estos años acerca de los hechos, documentos que no hace falta decir se mantuvieron ocultos, y algunos siguen sin ser entregados, hasta recientemente. Además mencionan que hubo 22 personas que pudieron haber sido cruciales para la investigación, ninguna de las cuales se encuentra viva al día de hoy. Cabe destacar que de estas veintidós personas sólo dos murieron por causas naturales.
Sabemos que esta última evidencia no concluye el asunto, aún faltan acciones concretas del gobierno en respuesta a esto, y fuera de bajar la guardia es momento de luchar y exigir que se haga justicia y se responsabilice a los culpables por la masacre que llevaron a cabo, que se dé respuesta y resolución a los más de 700 afectados familiares. Desde entonces lo dijimos sin ninguna duda y hoy lo repetimos más fuerte que nunca con puños alzados: ¡Fue el Estado!
El Frente de la Juventud Comunista se mantiene en solidaridad con la FECSM, con los normalistas rurales que defienden su modelo educativo y continúan firmes en la lucha, y con los padres que tras años de incertidumbre no dejan de buscar la verdad y justicia. Condenamos el ataque permanente contra el normalismo rural y contra el movimiento estudiantil en general, y reafirmamos la necesidad de la formación de una organización estudiantil nacional, permanente y en defensa de los intereses del pueblo trabajador y sectores populares. Sabemos que es nuestro deber trabajar por la construcción de esta y transformar al movimiento estudiantil en un movimiento organizado en vez de espontáneo, que esté siempre en defensa de la educación pública, gratuita y al servicio del pueblo trabajador. Hoy reafirmamos esta necesidad ante la barbarie que vivimos, mientras recordamos que no estamos todos, nos faltan 43.
