La LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), cuyo primer borrador aprobó el Gobierno el pasado 31 de agosto, es el proyecto de ley de universidades que viene a modificar la actual LOU. Pero esencialmente, la LOSU es la culminación de una reforma integral de adaptación de la educación a todos sus niveles a las necesidades actuales del capitalismo contemporáneo.
En ese proceso de adaptación se enmarcan el resto de medidas legislativas que el Ejecutivo ha ido promulgando en los últimos tiempos: RD de Ordenación de Enseñanzas Universitarias (que desarrolla la formación universitaria dual), Ley de Convivencia Universitaria (que endurece las medidas contra las protestas de los estudiantes en las universidades), LOMLOE en enseñanzas medias o la nueva ley de Formación Profesional (que convierte toda la FP en Dual, ofreciendo mano de obra casi gratuita y desprovista de derechos laborales a las empresas).
- La adaptación de la Universidad a las necesidades productivas del capitalismo
Las formas concretas que adopta la modernización capitalista se ven ya con bastante claridad. Las consecuencias para la clase obrera, también. La flexibilización y precarización generalizada del trabajo, que desde los CJC hemos analizado en diferentes resoluciones, se sustancia esencialmente en una potenciación del trabajo a demanda y en una individualización de las relaciones laborales. Lo segundo, aumenta la precariedad laboral y dificulta la actividad política y sindical de la juventud obrera y de extracción popular; lo primero, permite al empresario disponer a voluntad del trabajador y ajustar con precisión el tiempo de trabajo a sus necesidades y ciclos de producción.
La LOSU implica la potenciación de la tecnificación e hiperespecialización educativa, esto es, estimular los estudios en los ámbitos de interés para el capitalismo español, limitar la formación a la cualificación necesaria de la fuerza de trabajo en dichos sectores de interés e instaurar un sistema de compatibilización permanente de estudios y prácticas de trabajo. Este modelo de formación, el modelo dual, introducido simultánea y paralelamente en la FP, supone la existencia en las empresas de la triple escala salarial —a saber, la convivencia de diversas situaciones laborales y contractuales para un mismo puesto de trabajo— y la legalización de altos niveles de explotación para la juventud estudiante. Esta escala, junto a las altas cifras crónicas de paro juvenil, permiten tender a la baja las condiciones salariales. El sistema prologando de prácticas permite controlar directamente a las empresas la formación de la mano de obra. La permanencia temporal de los estudiantes en prácticas permite recurrir a los patronos a un sector de la fuerza de trabajo a un precio bajísimo y a demanda según sus necesidades productivas. La hiperespecialización y el paro juvenil redundan a su vez en una carrera curricular de los jóvenes de extracción obrera y popular que les devuelve siempre al ámbito educativo para seguir desarrollando su cualificación y no permanecer o entrar en las filas del desempleo.
La educación superior canaliza y favorece las tendencias que ocurren en el seno de las relaciones sociales de producción, pues es este uno de los papeles esenciales de la educación en el capitalismo. Aumentar el grado de control directo de las empresas en la formación, estimular la cualificación ultra específica y en sectores determinados, favorecer las dinámicas de trabajo a demanda, facilitar la reducción de las condiciones salariales, etc. Todo ello da la morfología definitiva a la pauta de vida de los jóvenes en el capitalismo actual, una pauta regida por la formación permanente de la mano de obra: para pagar los precios de la educación, para reunir las condiciones de obtención de la titulación a través de las prácticas, para competir curricularmente ante la presión del paro y la carestía de la vida, etc. Todo ello favorecido por la temporalidad, que permite un escenario de ciclos permanentes de empleo precario – paro – formación. Es en ese escenario en el que encajan conceptos como el aprendizaje a lo largo de la vida o el “reciclaje” que el Gobierno sugiere a los trabajadores.
- Gobernanza y convivencia universitaria
Tras las quejas de la comunidad universitaria a la publicación del primer borrador de la ley, el ministro Castells ha modificado varias cuestiones que no alteran en ningún caso su esencia. Se cede en ciertos aspectos sobre la gobernanza, como el caso de la elección al rector: mientras que el primer borrador apostaba tanto por su elección vía comité designado por el claustro como por la dotación a éste de competencias para designar a los decanos de las facultades, la última versión propone mantener el modelo actual de sufragio ponderado. Lógicamente, esto no implica que se alteren en absoluto las dinámicas participativas ni que se ofrezcan mayores espacios para la limitada democracia interna.
Lo que sí hace la ley es reforzar el papel del Consejo Social en la universidad. El Consejo Social de las universidades, con un peso cada vez mayor de grandes empresas, influye decisivamente en el rumbo de los planes universitarios. Este órgano se encarga, entre otras funciones, de supervisar las actividades de carácter económico de la universidad y el rendimiento de sus servicios o promover la colaboración de la sociedad en su financiación. A nadie escapa que cuando se habla de que la sociedad colabore en la financiación de la universidad se está hablando de la participación directa de las principales empresas en la dirección y el gobierno de la universidad, asegurando además, por ésta y otras vías, su influencia en los grados formativos, seminarios y proyectos de investigación. Ejemplo de ello sería el número creciente de cátedras en universidades públicas para costear parte de las investigaciones que las empresas del entorno necesitan, como la de Danone sobre alimentación o la de Repsol sobre transición energética en la Universidad de Barcelona o las cátedras del Santander en la Universidad Complutense de Madrid. Ahora, el 50 % de sus miembros serán elegidos por las asambleas legislativas de las respectivas comunidades autónomas, viéndose reforzada la presencia directa y el papel director de las grandes empresas en las universidades públicas.
De manera paralela a la limitación de los cauces para la participación y el refuerzo del gobierno directo de las empresas en la universidad, la Ley de Convivencia Universitaria limita y reprime la protesta estudiantil. Así, por ejemplo, la protesta contra todo tipo de actos, conferencias o charlas será un comportamiento sancionable por el Rectorado de la Universidad. No puede obviarse el contexto político en que se promulga esta ley, de manifiestos ataques al conjunto del pueblo trabajador en general y al estudiantado en particular. De esta manera, la LCU, que deroga el Reglamento vigente desde 1954, lejos de reconocer derechos históricamente reivindicados por el movimiento estudiantil en España, ahonda en su persecución y represión por la vía de la sanción académica.
El estudiantado, junto con los demás actores que conforman la comunidad educativa, no debe limitarse a exigir mayores cotas de participación para ser escuchado. Para lograr una educación que realmente responda a los intereses de la mayoría la clave no es —o al menos no solamente— exigir un mayor protagonismo en los limitados espacios que las instituciones universitarias disponen, que reflejan una apariencia de participación, pero en los que hemos visto que trabajadores y estudiantes quedamos relegados a un segundo plano en el gobierno de la universidad. La clave, entonces, es reforzar las estructuras propias, en las que estudiantes y trabajadores nos organicemos y participemos masivamente, buscando desbordar los estrechos canales de la representación universitaria. Sólo de esta forma podremos, de manera independiente, oponernos a los ataques y al deterioro de la educación pública, encontrándonos en cada vez mejores condiciones para avanzar hacia la conquista de nuevos derechos y hacer una enmienda a la totalidad a la educación capitalista.
- Calidad educativa
La nueva ley dedica también un espacio a la mal llamada calidad universitaria. Y es que el Ministro entiende la calidad educativa en las mismas claves que la UE fija para esta (exigencia a su vez para acceder a los fondos de recuperación europeos NextGenerationEU). Así, se refuerzan los procedimientos de creación, revisión y certificación de universidades y títulos bajo la autoridad de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Evaluación), órgano encargado de evaluar, certificar y acreditar el sistema universitario español en función de los criterios del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Se trata de criterios que representan las aspiraciones para la universidad española del Estado como capitalista colectivo, en clave de posicionar de forma más competitiva al capitalismo español en el ámbito europeo e internacional. Es decir, que el hecho de que determinados sectores del negocio de las universidades privadas se hayan visto amenazados por esta medida no significa nada más que sus intereses económicos más inmediatos —aumentar sus beneficios a costa de expedir títulos de dudosa fiabilidad— no coinciden exactamente con el interés a largo plazo del capitalismo español: una educación competitiva a nivel nacional e internacional que forme a los trabajadores del futuro. En ese sentido, cuando el Gobierno habla de calidad educativa no se está refiriendo a las aspiraciones de la comunidad universitaria sino, más bien, a toda una serie de criterios que refuerzan la puesta a punto de la educación, apuntalando su papel de cantera patronal.
Por último, la LOSU dedica un espacio a regular la investigación y las figuras laborales del PDI. Apuesta por subir del 51 al 55 % el porcentaje de profesorado funcionario y de reducir la temporalidad del personal docente e investigador del 40 al 20 %. Estas medidas, que pueden parecer positivas, tienen su contraparte cuando también se sitúa la búsqueda de limitación de horas docentes, apostando más por la investigación y participación de las universidades en “empresas basadas en el conocimiento”. Si a esto le añadimos lo ya comentado sobre el Consejo Social y la cada vez mayor intromisión de las empresas en las universidades públicas y su capacidad de decisión, nos queda un mapa en el que claramente se busca una mejora del sistema productivo, con una estrecha relación entre la actividad investigadora, la explotación mercantil de patentes y el beneficio privado.
- ¡A la calle! Hagamos de la rabia respuesta y de la respuesta organización
El Gobierno afirma que con todas estas medidas de lo que se trata es de modernizar nuestro sistema educativo, garantizar su calidad y fomentar la participación. Su proyecto, dicen, es el proyecto de la comunidad educativa, en la medida que aborda los problemas presentes en la universidad española y lo hace, además, desde el diálogo y el consenso. Más allá de que tanto la nula participación real y masiva de la comunidad universitaria en la elaboración de la ley como la rápida respuesta de las organizaciones sindicales y estudiantiles ante la misma da buena cuenta de que esto es falso, no podemos obviar el hecho de que una parte importante del contenido de la LOSU se haya querido enfocar, precisamente, en reducir aún más los ya limitados marcos de participación de estudiantes, PAS y PDI en el gobierno de la universidad. La reforma implica, como dice el Ejecutivo, una modernización de la universidad española. Pero es ésta una modernización que no es sino la contraparte de otras medidas, como la futura reforma laboral, que apuntalan la tendencia de la llamada “uberización” y que responden a las necesidades contemporáneas de un capitalismo en crisis, que busca remontar su tasa de ganancia aumentando la explotación y extendiéndose a nuevos mercados.
Urge reactivar y amplificar el movimiento estudiantil y sus lazos de unidad con el resto de sectores de la comunidad educativa para hacer frente a estas reformas, urge abrir un nuevo ciclo de protesta estudiantil que construya muros de contención en las universidades e institutos frente a la nueva crisis y sus consecuencias sobre nuestra vida. La educación telemática y la semipresencialidad han permitido que muchas de estas medidas se implanten con serias limitaciones y dificultades para la conformación de dinámicas de lucha y de espacios propios del movimiento estudiantil. Pero ya es tiempo de ponerse de pie. Por ello desde los CJC llamamos al estudiantado, a los hijos e hijas de la clase obrera, a movilizarse el próximo 18 de noviembre; pero sobre todo a asociarse, a organizarse junto a sus compañeros y compañeras de instituto, de campus, de facultad…. La lucha contra la reforma integral a nivel educativo, contra la precarización general de nuestra vida, exigirá de muchas manos, de mucha inteligencia y de mucha voluntad.
Comisión Política de los CJC.
