Hace escasamente tres meses denunciábamos el Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias, punta de lanza de toda una serie de modificaciones que buscan la reforma integral del sistema universitario. Previamente, a finales de marzo, el Ministerio de Ciencia presentaba también el anteproyecto de modificación de la Ley de la Ciencia y la Tecnología. Las dos propuestas normativas se complementan entre sí, con el objetivo de profundizar en la liberalización y en la mercantilización de la educación y la ciencia.
España está inmersa en una profunda crisis económica y por ello los capitalistas buscan nuevos nichos de mercado, encontrando en el sector científico-técnico una oportunidad más para mantener o incrementar sus beneficios. El Gobierno, por su parte, se dispone a legislar para facilitar la intromisión del capital privado en el sistema público de investigación.
El anteproyecto de modificación de la LCTI viene a ahondar en la línea ya abierta por la anterior ley: estirando el mantra de los beneficios de la colaboración público-privada. En la exposición de motivos queda claro que se busca establecer vínculos bidireccionales entre “ciencia” y el “ecosistema empresarial”, en la línea de la “modernización” del sector productivo, con tal de hacerlo más competitivo. Se busca que los agentes públicos de financiación puedan participar en el capital de sociedades mercantiles, transfiriendo así fondos públicos al tejido empresarial. De esta manera, las arcas públicas sufragarían los costes de las innovaciones científico-técnicas que requieran las empresas para ser más competitivas, supeditando así la investigación a las necesidades de una u otra rama de la producción.
En paralelo a este mecanismo, la nueva propuesta de ley pretende incrementar la explotación del conjunto de las plantillas de los centros de investigación. La extrema jerarquización de la plantilla de científicos, particularmente en la universidad, así como la del personal de administración y gestión, conduce a la existencia de múltiples escalas salariales para un mismo trabajo, a la par que incrementa la diferencia entre el trabajo intelectual y el manual.
La juventud trabajadora sufre particularmente esta explotación: con las contrataciones, cuyo carácter es supuestamente formativo, se obtiene mano de obra barata con la que los empresarios cubren puestos estructurales y se ahorran costes. Esto se utiliza y se utilizará todavía más como un arma arrojadiza para recortar los derechos del resto de trabajadores, algo muy semejante a lo que pretende generalizar el Ministerio de Universidades con su programa de formación dual.
Ante esta situación precaria en materia laboral, nos encontramos con un anteproyecto que pretende extinguir la vía funcionarial sustituyéndola por un contrato laboral presuntamente fijo pero con una cláusula de despido en función de productividad, con tal de exprimir al máximo al trabajador, y con una menor remuneración. Todo esto, mientras el Ministerio continúa manteniendo con salarios bajísimos a centenares de investigadores con falsos contratos formativos y sin aportar la financiación necesaria para ampliar la contratación.
Conviene señalar también el sesgo elitista, pues ni esta propuesta ni la anterior se ocupan de regular la situación del personal de administración y gestión, como si estos no fuesen una parte imprescindible tanto del sistema universitario como del científico-técnico.
En definitiva, el Gobierno presenta una modificación de la LCTI que profundiza en sus aspectos más perniciosos, con el objetivo de facilitar la disponibilidad de mano de obra a demanda, como ya ocurre en otros sectores, condenando a la miseria a los trabajadores, a la par que avanza con la liberalización del ya de por sí exiguo sistema científico-técnico español. En este contexto, no cabe otra que la respuesta inmediata por parte de la clase trabajadora para plantar cara a estas y otras medidas.
Pero hay que dotar a esas respuestas de mayor profundidad y de una mirada más larga, pues ninguna conquista parcial nos protegerá a largo plazo ante las necesidades que objetivamente tiene el capitalismo y por las que seguirá pugnando. En el ámbito que concierne a esta ley, el capitalismo se demuestra claramente como un modo de producción en irresoluble contradicción con el carácter social de la investigación y la producción, donde el modo de propiedad privada entorpece el desarrollo de las fuerzas productivas. Un claro ejemplo lo tenemos en el desarrollo de las vacunas contra el SARS-CoV2, donde la competencia, las triquiñuelas y la falta de cooperación entre los grandes monopolios, que únicamente buscaban su parte del pastel, ha ralentizado el proceso de desarrollo y ensombrecido una u otra marca en función de la pugna entre compañías.
Mientras el sector científico-técnico siga subordinado a la anarquía de la producción mercantil, la satisfacción de las necesidades de las clases populares será un mero efecto colateral. Ni esta, ni ninguna otra ley propuesta por los gestores de la burguesía podrá ser favorable a los intereses de la clase obrera, por lo que la única alternativa posible es organización como clase independiente y la lucha por un sistema donde el avance científico no esté al servicio de los beneficios privados, sino dirigido a satisfacer las necesidades del conjunto de la población y regido por un uso racional de los recursos naturales.
