El XII Congreso de los CJC, reunido en pleno el 31 de enero y 1 de febrero de 2026, reivindica el acceso a una vivienda digna como un derecho inalienable del pueblo trabajador; derecho que, sin embargo, es sistemáticamente violado bajo un orden social que antepone el capital a la vida. Como todo derecho, la consecución de una vivienda digna está sometida a los avances y retrocesos en las conquistas que la clase obrera organizada logra arrancar al capital y a los grandes propietarios en el devenir de la lucha de clases.
La vinculación del problema de la vivienda con el modo de producción capitalista no es fortuita, sino estructural. Su fundamento reside en la conversión de la vivienda en mercancía, es decir, en su uso no como garante del derecho a una vida digna, sino como fuente para la circulación y valorización del capital. El negocio y la especulación con la vivienda son posibles precisamente debido a la masiva desposesión de vivienda por parte del pueblo trabajador. Esta desposesión constituye la condición material de la especulación: si unos pueden tener tanto, es porque otros no tienen nada.
Pero eso no es todo. Esta masiva desposesión es precisamente la base del régimen de alquiler al que se ve abocada la mayor parte de la juventud trabajadora; régimen que permite a los propietarios la descarnada especulación con nuestra posibilidad de vivir dignamente. Propietarios, además, que engrosan sus bolsillos expropiando de nuestro salario lo que nos exigen por un techo.
Por ello afirmamos sin ambages que existen culpables de nuestra inestabilidad y precariedad. Culpables de que no podamos vivir una vida digna: los empresarios que nos explotan en el trabajo, los rentistas que se apropian de una parte de nuestro salario, y los gestores políticos que ponen la maquinaria del Estado a su servicio. Todos ellos forman parte de la sacrosanta alianza del capital. Mientras se transfieren millones de euros públicos hacia los responsables estructurales del problema, el Estado sigue ejecutando desahucios en todo el territorio, muchas veces amparados por grupos escuadristas parapoliciales y neofascistas; reprimiendo y expulsando de sus casas a los sectores más vulnerables de nuestra clase, viéndose especialmente afectados los trabajadores y trabajadoras migrantes.
Esta estrecha y esencial vinculación de empresarios, rentistas y gestores convierte en mera fantasía el programa socialdemócrata. Por una parte, las ayudas al alquiler son, en última instancia, transferencias directas de dinero público a las manos de los rentistas, por lo que ellos siguen saliendo igual o más beneficiados que antes. Por otra, ni la regulación puede dar solución al problema, ni tampoco puede darla la construcción de vivienda pública en manos de una empresa pública. La lógica que subyace a su programa sigue siendo la lógica mercantil-capitalista, la concepción de la vivienda como mercancía, y por tanto la necesidad de la rentabilidad impuesta por la competencia. Solo así puede entenderse la impotencia de su programa y los desahucios ejecutados en la propia vivienda social.
En este Congreso, los CJC reafirmamos nuestra voluntad de enfrentar a nuestro enemigo de clase. Enfrentarlo en un combate para el que no podemos confiar más que en nuestras propias fuerzas, pues el problema de la vivienda es un conflicto de clase: un conflicto entre quienes poseen el capital y la vivienda bajo el amparo de la ley y del Estado, y quienes, desposeídos de ambos, sostenemos materialmente la sociedad con nuestro trabajo.
Llamamos a la juventud trabajadora a hacer pesar, a través de la organización, la fuerza de nuestro número. Necesitamos poner ese número en movimiento y darle una dirección, retomando las herramientas históricas de lucha de la clase obrera: el sindicato para parar la producción y la asociación vecinal para articular de forma estable la lucha contra los problemas del territorio, ya sean de servicios o de vivienda, en un ámbito atravesado por intereses interclasistas, pero donde la clase obrera debe situarse a la cabeza. Sin renunciar a ningún espacio de lucha ni a ninguna forma de organización capaz de plantarle cara a empresarios y rentistas, los CJC reivindicamos el papel central del movimiento obrero en toda tarea de transformación social: pues es en el trabajo donde a nuestro número se añade el poder que nos otorga nuestro papel social estratégico e indispensable y donde, en la gestión colectiva diaria de la reproducción de nuestro mundo, emergen las posibilidades políticas de nuestra propia emancipación.
Para lograr esta tarea, el XII Congreso de los CJC llama a la juventud obrera a fortalecer las filas de las organizaciones del campo obrero y popular. Debemos integrar la lucha en el centro de trabajo con la lucha por la vivienda, entendiendo que la crisis habitacional es una prolongación directa del problema del salario y de la correlación de fuerzas en el trabajo. Es urgente construir una escuela de cuadros que eduque a miles de jóvenes en las bases de un movimiento que dispute no sólo el derecho a la vivienda, sino la planificación del territorio y de la economía en su conjunto.
Esta tarea exige organización política consciente y dirección revolucionaria. Reforzar el PCTE y los CJC es reforzar el combate contra la hegemonía burguesa en el movimiento obrero, es dotar de dirección revolucionaria al movimiento obrero y popular, y garantizar, en definitiva, que desde el presente seamos capaces de edificar el futuro.
