Junta y Universidades avalan la explotación de los estudiantes

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha suscrito con representantes de las cuatro universidades públicas de la región (USAL, UVA, ULE y UBU) un protocolo de colaboración para “promover la inserción de los jóvenes en el tejido productivo autonómico”. Gracias a esta firma, 8.600.000 euros públicos se destinarán a becas no laborales ¹ de estudiantes que trabajarán en empresas de toda la comunidad con condiciones que ignoran la legislación laboral. De esta forma, Junta y Universidades avalan, con dinero público de los trabajadores, la explotación de los estudiantes, al servicio de la patronal castellano y leonesa. Pero ¿cómo hemos llegado a esto?

Estudiantes graduados, trabajadores baratos (o regalados)

La comprensión de la formación en el espacio productivo no se puede sino estudiar desde el marco general. Bajo el modo de producción capitalista, toda transferencia entre centro educativo y empresa está subordinada, de forma imperativa, a los dictámenes de la segunda, del capital; esto es, a la extracción de la máxima plusvalía y la obtención de la máxima ganancia, empleando para ello todos los resortes a su disposición.

La premisa de la formación es el subterfugio que los capitalistas emplean para explotar fuerza de trabajo por debajo de los regímenes laborales, convenios colectivos o Estatuto de los Trabajadores (ET). Emplear a estos trabajadores reporta numerosos beneficios: laminación y ruptura de unidad de la plantilla (dejan de regirse por el mismo régimen laboral), limitación de derechos sindicales (imposibilidad de ejercer labores o acción sindical activa en su centro de trabajo por parte de estos estudiantes), tendencia a la baja de las condiciones laborales y salariales de la plantilla (estos estudiantes cobran menos, de hecho, no reciben salario, ¡sino una beca pública sufragada por la Junta!; y sus condiciones laborales no se ajustan a convenio) o reducción de costes laborales para la empresa (sustituye una parte de la plantilla por estos trabajadores que realizan funciones de producción sin su contraparte salarial), entre otros hechos, como pueden ser beneficios fiscales o ventajas en acopio de subvenciones.

Todos estos hechos concretos, que retratan el interés de los capitalistas por fomentar los programas de transferencia entre universidad y empresa, representan, en su conjunto y de acuerdo con el protocolo firmado, “mejorar la competitividad de las empresas de la Comunidad sobre la base de un capital humano excelentemente formado”. Es evidente, cuando tus trabajadores no cobran salario, no disponen de derechos sindicales, no siguen las disposiciones laborales… ¡desde luego que mejora la competitividad de tu empresa! La extracción de plusvalía a estos trabajadores se dispara, reduciendo costes laborales y permitiendo competir en mejores condiciones a los empresarios contra otros empresarios a costa de nuestra explotación.

Transferencia de fondos públicos a manos privadas

Ahora bien, avancemos un paso más allá y observemos que la explotación de estudiantes formados (recordemos que el protocolo se dirige a jóvenes titulados, es decir, con su formación académica completa) se realiza con dinero público. Los fondos que la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León destina a este programa se obtienen, fundamentalmente, de gravar vía impuestos a través de la Administración al conjunto de trabajadores. Somos nosotros quienes todo lo producimos, quienes generamos toda la riqueza que luego se tributa. La misma riqueza que la Junta, como buen gestor de los intereses del capital (regional, en este caso), destina a la explotación de estudiantes formados en las empresas. Su ansía de beneficios es insaciable, nos chuparían la sangre si con eso se impusieran a sus competidores.

Hay quien puede objetar que el trabajador (o estudiante) se beneficia de este acuerdo, pues recibe una beca. Estas becas pueden ascender a la friolera de 650€ en la UBU², 800€ en la ULE³, 800€ en entidades públicas como ayuntamientos⁴ u 800€ en… la factoría de un monopolio como es Renault⁵. 40 horas a la semana por 800€, sin riesgos sindicales, haciendo puntos para exenciones y subvenciones… el sueño ansiado del capital, la pesadilla diaria de nuestra clase. La cuantía de estas becas supone un ataque frontal contra nuestras condiciones de vida en un contexto de alza del coste de vida (vivienda, alimentación, suministros, ocio, etc.) y beneficios récord de las empresas. Pero tampoco entendamos que la solución transita por el alza de las becas (lo que supondría destinar más fondos públicos), el error no es de cantidad, sino del marco en que se da esta formación. Los comunistas defendemos la laboralización de las prácticas como medio de defensa de los intereses del conjunto de trabajadores bajo el capitalismo, a la vez que señalamos que solo en el socialismo-comunismo la formación en el tejido productivo cumple los estándares de desarrollo técnico, científico, laboral y social buscados por los trabajadores.

A la luz de lo evidente, hay que repensar la buena prensa de la que goza la colaboración público-privada. En este modelo, la primera parte cubre todos los costes cargándolos a las cuentas públicas, mientras la segunda se beneficia y aumenta indefinidamente sus ganancias a costa de la primera. La copa de champán de la patronal que corona la sociedad es insaciable y a los trabajadores apenas les llega el sudor de su trabajo o las lágrimas de su frustración. La colaboración entre la Administración autonómica, las universidades y las empresas resulta sintomática de la política capitalista; de considerar que objetivos planteados en este programa como “mejorar la inserción laboral de los jóvenes”, “mejorar los niveles de empleo juvenil”, “facilitar la captación, consolidación y fidelización del talento” o “favorecer el asentamiento de población joven” se pueden lograr con el aumento de nuestra explotación.

Los gobiernos someten la educación a los intereses patronales

La subyugación de la educación pública a la clase capitalista no se hace a pesar de las leyes educativas. Por el contrario: el marco legislativo que propone el gobierno socialdemócrata apuntala la explotación creando, como si de un habilidoso sastre se tratase, marcos jurídicos a medida de las necesidades de la patronal. ⁶

El Estatuto del Becario se ha presentado como un avance que protege a los estudiantes en prácticas de los abusos por parte de los capitalistas. Nada más lejos de la realidad: con una habilidad de prestidigitador, han convertido las Prácticas No Laborales extracurriculares (esas que no aparecían en un itinerario formativo concreto), en contratos de formación y prácticas.

Por supuesto, el Estatuto del Becario no ha venido solo: el gobierno socialdemócrata les ha regalado a los capitalistas toda una reforma del sistema universitario fundamentada en dos leyes: la Ley Orgánica de Sistema Universitario y la Ley de Convivencia Universitaria. Como hemos analizado ya desde los CJC, este paquete de medidas implica la hiperespecialización y tecnificación.⁷ Es decir, la formación se orienta a las necesidades del capitalismo español y lo hace siempre a costa de nuestra clase. Es la clase trabajadora la que, con sus impuestos, termina pagando las cotizaciones de los estudiantes en prácticas. ¡Estudiantes que están trabajando con un 60 por ciento menos del salario de un trabajador normal! Es la clase trabajadora la que se ve condenada a volver una y otra vez a un sistema educativo cada vez más privatizado para revalorizar su fuerza de trabajo y adaptarse a lo que piden las voraces mandíbulas del capital.

La flexibilidad que hoy en día ahoga la vida de la juventud obrera tiene, claro está, su contraparte en la educación. A través de este tipo de mecanismos, como los Contratos de Formación o Prácticas, los capitalistas se fabrican mano de obra a demanda. Renault está obteniendo trabajadores cuasi gratuitos y, para colmo, financiados con dinero público. Pero es que no es la única empresa a la que se permite modelar a su gusto la educación, ni es este el único medio. La intervención empresarial en la educación tiene muchas formas: la obtención de mano de obra en prácticas es una de ellas, pero también convierten la educación en un nicho de mercado creando centros privados o concertados adaptados a sus necesidades, interviniendo en los planes de estudio de los distintos grados e itinerarios u ofreciendo, previo pago, determinados servicios a las universidades, como comedores, determinados programas informáticos o residencias estudiantiles. En suma, la educación, a la venta en la subasta del mercado.⁸

El estudiante de extracción obrera y popular está condenado a encadenar contratos precarios (en prácticas, temporales o fijos discontinuos, por ejemplo) y a regresar una y otra vez a formarse, a fin de actualizar sus conocimientos a lo que los capitalistas requieren. Por supuesto, los empresarios se benefician de ello: por todas partes brotan, como setas, micro credenciales, centros privados a distancia y toda una oferta formativa que se aprovecha de la inestabilidad y la precariedad de la juventud disfrazada de flexibilidad. ¡Menuda ganga! Cuando el estudiante en prácticas termina su contrato, pagará lo correspondiente por otro ciclo, grado o certificación, en cuyo plan se incluirá unas prácticas curriculares o se le ofrecerá realizar otro contrato de prácticas. Y así, del trabajo al centro de estudios y del centro de estudios al trabajo, pasará su vida a merced del capital.

Las fundaciones: agencias de trabajo precario

Afinando el tiro ya, la Consejería no inyecta los fondos, más de 2.000.000 de euros por centro, en las propias universidades, sino en sus respectivas fundaciones, algunas con nombres tan sugerentes como Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa para el caso de la ULE. Pero de qué nos extrañamos cuando el acuerdo se firma, por parte de la USAL, por su Vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento. De nuevo es llamativo que las instituciones educativas públicas dediquen tantos esfuerzos a la empresa y el emprendimiento cuando la masa laboral se compone de forma sobresaliente (más del 85% en el caso español) por asalariados empleados por empresarios. ¿Dirigen estas universidades su labor hacia una minoría?

Estas fundaciones se presentan como entidades sin ánimo de lucro cuya labor es establecer vínculos entre cada universidad y la sociedad; pero, en la práctica, estas adquieren de forma cada vez más evidente el papel de agencias de colocación de la mano de obra estudiantil al servicio de las necesidades coyunturales de las empresas. Y es que estas entidades se hallan fuertemente atravesadas por los intereses de las empresas que se cuentan en sus listados de asociados, donde se encuentran desde distintos grupos de ámbito provincial hasta monopolios españoles, pasando por las secciones provinciales de la patronal española.

El papel de las fundaciones no es algo nuevo, sino que representa la misma cantinela de cualificación e innovación que legitima aumentar nuestra explotación; su papel tampoco es social, sino criminal. Es una herramienta perfilada y diseñada para servir a los empresarios de nuestra región a costa de la explotación de los jóvenes graduados, además de costeada con el dinero de todos, es decir, de los trabajadores que, nunca está de más recordarlo, somos quienes producimos toda la riqueza (también la recaudada y gravada por la Administración).

¿Hacia dónde dirigir nuestra denuncia?

Los comunistas señalamos el papel de la Junta de Castilla y León, independientemente del partido que ocupe su Presidencia, como consejo de administración de los propietarios castellano y leoneses y sus intereses. Además, denunciamos:

· La promoción criminal de la Junta y la firma cómplice de las universidades públicas del uso de los estudiantes egresados como mano de obra barata al servicio de los capitalistas gracias a un programa sufragado con fondos públicos, bajo supuestos objetivos de empleo o asentamiento joven en la región.

· Los efectos negativos para los trabajadores en general, y especialmente los trabajadores jóvenes, de las dobles escalas salariales en centros de trabajo con estas tipologías de becas; además de impedir su organización en las estructuras de clase en sus centros de trabajo.

· Las tendencias fomentadas por los distintos gobiernos (locales, regionales y estatales) en el seno de las instituciones educativas públicas, dirigidas a plegarse y servir de forma cada vez más notoria a los intereses de una minoría de capitalistas en detrimento de los intereses de la mayoría social trabajadora.

· El papel cómplice en la pauperización de las condiciones laborales de los jóvenes por parte de las fundaciones universitarias como instrumento para avalar y dotar de legitimidad la explotación de mano de obra joven bajo supuestas premisas sociales y formativas.

Esta firma supone un ataque más de la ofensiva del capital contra nuestras condiciones de vida y trabajo, nos sitúa como meros engranajes de la maquinaria capitalista, despojándonos de nuestros derechos laborales al ofrecernos como mano de obra gratuita para los explotadores.

Ante su ofensiva y la resignación, elijamos nuestro propio camino. Retomemos las herramientas de lucha para construir una ofensiva de los trabajadores contra la debacle del capital. Organicémonos y reforcemos hoy nuestras estructuras de clase para vencer mañana.

Por la laboralización plena de las prácticas.