El avance de la digitalización y la segregación en las aulas: la privatización educativa de nuestros días.
La educación ha sido en los últimos meses materia de intenso debate y enfrentamiento parlamentario a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). Sin embargo, más allá de ese hiperbólico conflicto en torno a la concertada, lo cierto es que ha reinado el acuerdo, manifestado en forma de silencio sepulcral, en lo referente al avance de la privatización educativa. Silencio que ha hecho honor a lo ocurrido a lo largo del último año, en el que las grandes empresas han encontrado enormes oportunidades de beneficio ante la imperiosa necesidad de una educación telemática. Apoyados en la situación de emergencia, los monopolios han hecho negocio de las carencias y necesidades del sistema público, y la recién aprobada LOMLOE no ha hecho sino dotar a este proceso silencioso de privatización a través de la digitalización del empujón y la cobertura institucional necesaria. Digitalización y privatización, tecnificación y especialización educativa, aumento de presencia de empresas en la enseñanza, expulsión de los hijos e hijas de la clase obrera de los estudios superiores… esa es la realidad de la educación en nuestros días.
Educación telemática y digitalización: desigualdad y privatización
Cuando hablamos de la privatización que se esconde tras el velo de la digitalización, nos referimos a que son los grandes monopolios de la información y la comunicación quienes a día de hoy prestan los servicios no sólo para la educación telemática sino también para el uso de diversas herramientas educativas vinculadas a las TIC. No se trata sólo de los beneficios que generan a través de la prestación de sus servicios, sino que es fundamentalmente a partir de la presencia directa en la educación como estas empresas pueden desarrollar su fuente de ingresos principal: la compra-venta de datos de los usuarios. Ello, además, facilita que infinidad de datos personales del alumnado (menores de edad en un gran porcentaje) y sus familias estén a disposición de manos privadas de forma sencilla. Diversos gobiernos regionales han firmado en los últimos meses convenios con empresas como Google, Microsoft o Adobe, basándose en la importancia de “la colaboración público-privada”. Al dominio absoluto en el sector de estos gigantes tecnológicos se une la escasez de apuestas por el software libre.
Esta intromisión cada vez mayor de este tipo de empresas en la educación se presenta por parte del Gobierno central como una “cooperación” deseable, en aras de la “modernización”. Hace unas semanas defendía la Ministra que “la alianza público-privada es vital para que la educación sea la fuerza transformadora que una sociedad moderna y abierta necesita”. Argumentos como el de la inserción de las nuevas tecnologías, la reforma del modelo docente o la “renovación pedagógica” hacen de palanca para la implementación de medidas que se alejan del todo de los intereses del pueblo trabajador. Si la pandemia ha servido de acicate a un proceso que ya venía produciéndose paulatinamente (además en un momento en el que difícilmente se podía oponer algún tipo de resistencia desde las estructuras y organizaciones de la comunidad educativa) la fraseología y pomposidad pedagógica del Gobierno y estructuras afines viene a consolidar y justificar ese avance privatizador.
No se trata de oponerse a las enormes posibilidades educativas y de acceso al conocimiento que pueden ofrecer las tecnologías, sino de señalar, en primer lugar, que hablar de renovación pedagógica a través de la digitalización sin abordar aspectos tan urgentes como las ratios, las condiciones laborales del profesorado o el carácter discriminatorio de la selectividad, resulta absurdo. Y en segundo lugar, que dentro de la educación capitalista, por naturaleza segregadora, la digitalización se convierte en una vía de aumento de la presencia y el control directo de los monopolios e intensifica la segregación clasista.
Un nuevo modelo pedagógico que busque la igualdad y el desarrollo pleno e integral, así como un uso adecuado de las nuevas tecnologías (como auxiliares del proceso formativo del alumnado), sólo tendrá realmente cabida en un sistema educativo que esté liberado de los corsés y condicionantes que impone la sociedad capitalista. Frente a quienes hoy en día ven solo ventajas en la educación telemática y obvian el componente segregador que reviste en el contexto actual, nosotros reivindicamos la presencialidad, y la socialización que lleva consigo, como mecanismo que puede paliar desigualdades y como elemento clave de una educación que de forma armónica tenga en cuenta, junto a otros, los aspectos físicos, emocionales y afectivos, algo que está ausente en la educación telemática.
La LOMLOE y la Reforma Universitaria de Castells
Como ya hemos ido introduciendo, la nueva ley educativa nace ofreciendo un impulso claro a esta tendencia privatizadora, ofreciendo en un contexto de crisis la vía legal y el apoyo institucional para que la educación continúe siendo también un espacio para la acumulación de capital además de vía de reproducción ideológica. Vemos, por ejemplo, cómo en su apartado 63 la ley dispone la posibilidad de que los centros docentes públicos reciban “recursos complementarios” a la financiación pública. En esas claves mantiene la esencia contenida en la LOMCE, con la sola diferencia de que mientras que antes era una decisión competencia del director, hoy lo será del Consejo Escolar. Asimismo, la LOMLOE abre las puertas a que sean agentes privados los que doten de recursos digitales a los centros.
Aunque el debate se haya focalizado en torno a la concertada, facilitando de esta manera que el Gobierno ocupe en el imaginario colectivo una aparente posición en “defensa de lo público” frente a las voces de los sectores más reaccionarios, lo cierto es que la ley mantiene inalterable el sistema de los conciertos educativos, y la propia Ministra se ha encargado de repetir cada vez que ha tenido oportunidad que nada más lejos de su voluntad acabar con el sistema dual financiado por el Estado. La vehemencia de un sector de la patronal de la concertada y de las entidades vinculadas con la Iglesia Católica es evidencia de una posición de fuerza que les permite pelear y convertir en asunto nacional el más mínimo roce a su fuente de ingresos privada.
Si la cara de la cobertura institucional al proceso de privatización es la LOMLOE, la cruz de la misma moneda es la pretendida reforma universitaria de Castells. El modelo 3+2, que se encuentra en la agenda del Ministro de Universidades, demuestra que la educación, además de espacio de acumulación y de reproducción ideológica del capital, es permeable a las necesidades productivas del momento y a las exigencias de la división social del trabajo. Vivimos un momento en el que la profunda crisis económica ha implicado un aceleradísimo proceso de empobrecimiento de las capas obreras y populares, lo que implica mayores dificultades para acceder a la educación superior. Paralelamente a este proceso se pretende dar un giro de tuerca más al encarecimiento de los estudios universitarios y a la devaluación y la tecnificación-especialización de los títulos de grado. Que una parte de los futuros trabajadores posean una menor cualificación y una formación muy especializada en determinados ámbitos de la producción es una indudable ventaja para los capitalistas, aún más en un contexto de crisis. Tecnificación que va acompañada de la promoción de vías como las prácticas en tanto que fácil medio de obtención de plusvalía.
La reforma universitaria seguirá el camino del Plan Bolonia y de las distintas estrategias universitarias: encarecimiento de los precios de las universidades públicas (especialmente de los másteres), devaluación de los grados, mayor intromisión de las empresas en las universidades públicas, el nuevo estatuto del PDI… Resultado de ello es que también en la universidad las empresas tienen cada vez más presencia. Desde hace unos años se han ido creando diversas cátedras con el objetivo de reorientar y acercar el enfoque empresarial a los estudios universitarios. Es imposible citarlas todas, pero a modo de ejemplo de cómo universidades públicas costean parte de las investigaciones y enseñanzas a empresas privadas podemos citar a la UB (cátedras de Danone sobre alimentación o Repsol sobre transición energética) o a la UAM (cátedras de bancos, empresas de suministros médicos, farmacéuticas, químicas y colegios profesionales). La lista se podría extender bastante más, pero basta lo señalado para hacerse una idea de la presencia y las posibilidades de apropiación privada de los resultados de la investigación y el trabajo universitario de las empresas. El papel de estos agentes en los consejos sociales universitarios o la financiación de becas son otras vías más de presencia directa de los intereses privados en la universidad pública.
Y por supuesto, dentro de la promoción de esta tendencia que ya viene produciéndose en las últimas décadas y que encontrará un nuevo corolario en el 3+2, la digitalización será una parte fundamental. Pues como ya anunciaba el Ministro hace unas semanas, durante la presentación del avance del informe ‘La universidad frente a la pandemia’ de la mano de Ana Botín, los ministerios de Universidades y de Economía y Transformación Digital han iniciado los trabajos para afrontar “el nuevo reto de la digitalización integral del sistema universitario”.
Las becas: ¿una garantía de acceso a estudios universitarios?
Los defensores de la socialdemocracia podrían oponer a lo dicho que hablamos del mismo Gobierno que en verano aprobaba una limitación de los precios máximos de las tasas y aumentaba la partida de becas. Lo que ocurre es que tales medidas le son tan funcionales para alimentar su apariencia de garante de la igualdad como insuficientes para la mayoría del estudiantado. En un momento de destrucción de fuerzas productivas y aumento, en consecuencia, de la pobreza y las cifras de paro, la subida en 100€ de las becas —que se produce tras una reducción de en torno al 18% desde 2013— no significa nada para quienes dependen de ellas para estudiar.
La beca y su cuantía seguirá pendiendo de un hilo tan fino como lo es la media académica: mientras el Gobierno afirma que tras su reforma ya no es un criterio a tener en cuenta, la realidad es que sigue estando condicionada al aprobado y, por ende, a los condicionantes sociales que afectan al desarrollo académico del estudiante. Ello, junto a la incertidumbre sobre si se recibirá beca, cuándo y qué cuantía —dependiendo ésta de horquillas que reducen drásticamente la cantidad percibida incluso en rangos de renta familiar bajos (a partir de 16.900 anuales para una familia de tres miembros el estudiante deja de percibir la cuantía fija asociada a la renta)— son factores de sobra para derrumbar el relato del Gobierno. La beca se convierte en una ayuda que se concede sin cuestionar la no gratuidad de la educación, que no alcanza al conjunto de estudiantes que ya han quedado fuera del sistema educativo por otra serie de condicionantes sociales y que, cuando llega, es insuficiente en la mayoría de casos.
Hablamos, en todo caso, de una política de becas que no existe de forma separada a la tendencia privatizadora antes referida. La falta de oferta pública para determinados másteres y grados, las facilidades que Gobierno y CCAA establecen para la creación de universidades privadas o el encarecimiento de los precios del alquiler en aquellas ciudades en las que hay mayor concentración de universidades públicas son factores que explican que cada vez sean más los estudiantes beneficiarios de beca en la universidad privada. Se configura, de esta forma, una vía más de transferencia de fondos públicos a la empresa privada, en detrimento de la universidad pública y en favor del proceso de privatización, en el que el Estado y el Gobierno juegan un papel histórico fundamental.
Elige lo necesario: es hora de plantar de cara.
Es por todo lo anterior que decimos que la reivindicación de un sistema de becas-salario debe ir estrechamente ligada no sólo a la lucha por una educación pública y gratuita, sino que también y fundamentalmente a la voluntad de ruptura con los condicionantes sociales e históricos que hacen que la posibilidad de estudiar esté mediada en última instancia por los intereses privados. Lo cierto es que el Gobierno socialdemócrata, como todo gobierno capitalista, gestiona según los márgenes de posibilidad que ofrece el capital. Y las diferencias entre unos y otros gestores se mueven siempre en la forma concreta de aplicar las necesidades que exige el devenir del capitalismo español y europeo. Por ello, las reformas y leyes aprobadas y por venir del actual Gobierno continuarán la línea de privatización, segregación y tecnificación antes descrita, línea acrecentada ahora por las necesidades de la crisis económica en ciernes.
Por ello, llamamos a los hijos e hijas de la clase obrera, al estudiantado combativo, a no resignarse ni esperar, a organizarse y plantar cara desde ya a aquellos que quieren expulsarnos de la enseñanza, limitar nuestro acceso al conocimiento, convertirnos en mano de obra barata y hacer de la educación su fuente privada de negocio. Les llamamos a ampliar el tejido organizado del movimiento estudiantil a pesar de las dificultades de la semipresencialidad, a cooperar y unirse con las y los trabajadores de la enseñanza, a convocar asambleas y actos, a realizar acciones y llenar de pancartas los centros de estudio para sumar a cada vez más compañeros y compañeras a la lucha contra la privatización en ciernes y contra las reformas y medidas que están por venir.
Y les llamamos también a tomar partido, a elegir comunista, a luchar día a día a través de la militancia por la transformación radical de la sociedad, por la superación del sistema capitalista como única posibilidad para tener una educación colectiva, científica y completamente gratuita. Se avecinan tiempos de lucha estudiantil, hoy como ayer: los hijos e hijas de la clase obrera queremos estudiar.
