Voy a reconocer algo que no suelo hacer mucho: yo me emocioné cuando el 12 de noviembre de 2019 el PSOE y Podemos firmaron un pacto para gobernar juntos. Siete años después, aquella ilusión se ha convertido en rabia, y mucha. Recuerdo dónde estaba esa mañana: acababa de llegar de clase y mi madre estaba en casa. Nos quedamos los dos veinte minutos con los brazos en jarra viendo las declaraciones, y sonreí cuando apareció el famoso abrazo. Ocho años después de que Rajoy llegara a la Moncloa, nos prometían ahora el “gobierno más progresista de la historia”: derogar la reforma laboral, poner coto a los caseros, blindar lo público.
Empiezo por la reforma laboral. Muchos recordamos las movilizaciones de 2012 contra la de Rajoy, sobre todo la huelga general del 29 de marzo, que costó 3.000 millones de euros y que, igual que la del pasado 11 de noviembre, fue «un fracaso» según la patronal. Para quien no lo recuerdan, el gobierno de Rajoy planteó una reforma laboral para remontar los beneficios capitalistas: despedirte salía barato y tu jornada dejaba de ser tuya, porque la empresa podía disponer de ella o mandarte a tomar por culo a trabajar.
Estábamos muy enfadados. Y el nuevo gobierno lo dejó claro: una de sus prioridades era la derogación de la reforma laboral. Cuando hablamos de paz social, hablamos de esto: delegar nuestras fuerzas en promesas ajenas. En 2021, Yolanda Díaz, por aquel entonces ministra de Trabajo, anuncia la aprobación y puesta en marcha de una nueva reforma laboral. Una nueva, no derogar la anterior. Es verdad que desde entonces la temporalidad ha bajado. Pero mirar solo los grandes datos no siempre es buena idea. Yo, mala mía, me acostumbro a mirar la letra pequeña.
Entre la juventud, los datos parecen muy buenos: la temporalidad baja del 76% al 39%. Sin embargo, la duración media de los contratos indefinidos ha caído cien días. Con lo barato que sale despedir en España y la desaparición de algunos tipos de contrato temporal, la temporalidad se ha trasladado a los indefinidos. ¡Sorpresa! Los empresarios han usado las leyes de su propio Estado para seguir explotando a la clase trabajadora, con la complicidad del gobierno más progresista de la historia. Es decir, los contratos temporales siguen ahí, solo que muchos de ellos ahora se llaman indefinidos.
Lo que sí creció, y de forma espectacular, fue el contrato fijo-discontinuo. Según los datos de afiliación, los trabajadores con esta modalidad se habían duplicado en apenas cuatro meses, hasta superar los 640.000 en abril de 2022. Sobre el papel es un contrato indefinido. Pero yo conozco a gente que lo firma (mis compañeros de trabajo, que tienen uno mientras yo sigo con contrato temporal) y sé lo que significa en la práctica: trabajas cuando la empresa te llama y el resto del tiempo esperas, con un salario que desaparece durante los meses de inactividad. Es precariedad con mejor nombre, y de hecho es lo que se ha utilizado como coartada perfecta para decir que la temporalidad ha disminuido.
Mientras tanto, yo estaba en la facultad, donde pasaba lo mismo con otra cara. La educación, aunque se vista de pública, sigue formando mano de obra para lo que pidan las empresas. Durante los años de gobierno del PP, y con las movilizaciones contra el Plan Bolonia y el 3+2 de fondo (que sí lograron frenarlo parcialmente), se profundizó en la creación de mano de obra sobrecualificada. Gente con una carrera y dos másteres, que era lo que las empresas necesitaban entonces, acababa llamando de puerta en puerta por un salario que no llegaba al mínimo o buscando los vuelos más baratos para salir de España.
Por eso no es ningún misterio que este gobierno se haya volcado en las prácticas y en la Formación Profesional: ya había titulados, ahora hacía falta mano de obra. La ley de Formación Profesional y la ley universitaria pasaron por el Parlamento envueltas en el lenguaje de la modernización y la empleabilidad, pero su efecto práctico fue estrechar los lazos entre las aulas y el capital: más prácticas sin remunerar, más presencia de las empresas en el diseño de los títulos, más mecenazgos y patrocinios que acaban decidiendo qué se investiga y qué no.
Y, al mismo tiempo, aprobaron la Ley de Convivencia Universitaria (aquella que conocemos como la “Ley Mordaza de las universidades”). Nos la vendieron como una mejora. ¿Quién no querría superar un reglamento aprobado en el siglo anterior durante la dictadura franquista? Pero su contenido era muy distinto al prometido: un nuevo régimen sancionador que contemplaba expulsiones de hasta tres años y cuyo texto incluía formulaciones tan genéricas que amenazaban el derecho a manifestarse, a hacer un pasacampus o un pasaclases.
Por último, no podría olvidarme de uno de los principales problemas de la juventud: la vivienda. ¿A qué joven trabajador no le encanta vivir con sus padres hasta los treinta? (Y esta es la mejor situación que se me ocurre). Y, sí, se aprobó la ley de vivienda que entró en vigor en 2023. Prometía frenar los precios en las zonas tensionadas, ampliar el parque público y proteger a los inquilinos frente a los desahucios. Más tarde, en abril de 2024, el presidente declaró que esta sería «la legislatura de la vivienda». Y efectivamente, lo ha sido.
Desde 2023, el balance es difícil de defender. Según las estimaciones de idealista, el precio del alquiler ha subido casi un 31% desde mayo de 2023, mientras que la oferta disponible se ha reducido en torno a un 30%. Y el precio de los nuevos contratos creció un 8,8% solo en 2024. Quienes más han salido ganando no somos la clase trabajadora, sino los empresarios y rentistas. Desgravación de hasta el 100% sobre el rendimiento neto del alquiler en el IRPF, deducciones por reformas o mantenimiento de la vivienda, o compensaciones frente a impagos. Y si a esto le sumas el aumento de los precios y el estancamiento del salario, se entienden mejor cifras como que solo el 14,5% de jóvenes entre 16 y 29 años se han emancipado en España o que la edad media de emancipación sea de 30,2 años.
Lo más revelador es el cuándo. Las últimas medidas llegaron tras las movilizaciones por la vivienda de finales de este año, consecuencia directa del desahucio de Maricarmen Abascal, y fueron fruto de la presión de la clase trabajadora organizada. Cada pequeño avance, en la vivienda y fuera de ella, ha costado un gran esfuerzo de organización para arrancar derechos y mejoras al gobierno y a los capitalistas.
Pero volvamos a noviembre de 2019. Con los años he entendido que, dentro del capitalismo, el margen para reformar es cada vez más estrecho. Una economía que depende de los beneficios privados, una competencia que empuja a recortar costes laborales, empresas que necesitan crecer a toda costa: ese es el terreno en el que se mueve cualquier gobierno, y cada década deja menos espacio para mejoras que duren. Pero entenderlo no los exime.
Siete años después vuelvo sobre aquel noviembre en el que me emocioné y lo que siento hacia quien fui es una especie de ternura. De todo esto saco una lección sencilla: tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, las de la clase trabajadora organizada. Las pocas victorias que hemos visto vienen siempre del mismo sitio, de nosotros, de quienes sostenemos con nuestro trabajo todo lo demás y de quienes (le pique a quien le pique) levantamos el país y generamos la riqueza.
Por eso me organizo día a día con mis compañeros. Creo que la única respuesta seria al callejón sin salida en que nos ha dejado este gobierno es construir una oposición obrera, independiente del capital y de sus gestores, capaz de plantear la cuestión de fondo: quién manda, quién produce y quién se queda con lo producido. Se acercan unas elecciones, pero nuestra tarea de cada día es otra: no esperar a que nadie nos salve.
