¿Cómo solucionar el problema de la vivienda? Una propuesta práctica que nos ayude a responder

Los jóvenes no podemos acceder a un sitio para vivir. No podemos pagarlo. En qué momento setecientos euros al mes por una habitación y un salario de mil seiscientos es ser casi un afortunado o afortunada. No podemos ahorrar; por tanto, sin ayuda, tampoco acceder al “privilegiado” endeudamiento vitalicio de una hipoteca. En pareja, quizás. Qué cansado. Que van a poner una ley, que ya la han puesto, que el Gobierno va a ayudarme,  un tipo dice en la tele que pobres los jóvenes aunque bueno también es que viajan mucho que si Japón, que si Tailandia; y claro, así no ahorran. Ya. Pero además de escuchar tonterías alguien debería hacer algo; porque, hablando desde el ombligo, hay días a final de mes que la elección es entre ir al super o pagar el piso, y por muy ricas que estén las lentejas con arroz no es gracioso que sean el menú habitual de varias semanas seguidas. La obviedad que todos intuimos –después de unos años en que, ley de vivienda para arriba ley de vivienda para abajo, sigamos igual o peor– es que el problema habitacional —que es también el problema del salario— no es tan importante para todo el mundo.

Mejor dicho: lo que para nosotros es un problema, factor de ansiedad y sufrimiento cotidiano de varias generaciones, para otros es una fuente de beneficio, un negocio. No hablamos tanto del que tiene una vivienda y la alquila para compensar un salario o pensión igual de bajo que los nuestros, más allá de la apariencia legal que iguala a todos los propietarios, esta renta no es comparable a la del inversor con bloques enteros de pisos en propiedad. Este último está contentísimo con el problema de la vivienda, igual que lo están los especuladores, los que hacen negocio con pisos turísticos, los bancos, las promotoras y constructoras que siguen urbanizando ciudades con miles de pisos vacíos, los fondos de inversión que desahucian bloques enteros.

Esto, que parece una obviedad, a veces se ignora. Porque claro: es más fácil decir que el Estado ayudará al alquiler y la compra que asumir que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Aceptar que del problema de la vivienda se beneficia gente muy poderosa, con propiedades y dinero para enterrarnos a todos, implica reconocer que solucionarlo presupone el conflicto con ellos. Implica reconocer que el problema de la vivienda es ante todo una cuestión de poder, de quién tiene las fuerzas suficientes y las estructuras sociales y políticas de su lado para imponer sus intereses. Mientras que en toda la sociedad no gobiernen los intereses de quienes necesitamos que la vivienda sea un derecho, ésta seguirá siendo un bien de mercado y por tanto apropiable y acumulable por quienes puedan adquirirla y hacer negocio con ella. Los términos medios serán expresión de una lucha constante entre los intereses (irreconciliables) y la fuerza de cada grupo; lucha en la que por ahora vamos perdiendo. Por eso en este artículo tratamos de pensar sobre las claves históricas y políticas para alterar la balanza, para empezar a cambiar la correlación de fuerzas y entender el papel (agente, activo y protagonista) que cada uno de nosotros podemos jugar en dicho cambio.

Quién manda en el negocio de la vivienda

Estamos insertos en relaciones de poder que definen las formas de nuestra existencia. O, dicho en otras palabras: el poder existe y estructura cómo vivimos. El poder es la facultad de imponer la voluntad propia al resto. La mayoría de nosotros organizamos nuestra vida dentro de los márgenes y determinaciones de intereses y voluntades, no sólo ajenas, sino antagónicas a las nuestras. Tenemos que trabajar para vivir, pero todo lo que producimos es para enriquecimiento privado y ajeno de unos pocos. A cambio de eso percibimos una pequeña porción, el salario, con el que apenas podemos subsistir. Esclavitud asalariada. Esto, el fundamento de la sociedad capitalista, es naturalizado y concebido en general como lo que tiene que ser: lo que es y que no puede ser de otra manera. Bien, pues, contraintuitivamente, en la génesis social de esa capacidad de imposición de unos pocos sobre los muchos, de ese poder y dominio, se encuentra la posibilidad de alterar la balanza, también en cuanto al negocio de la vivienda se refiere.

Se vuelven necesarias para el movimiento obrero las formas de organización estables, coherentes con las formas contemporáneas de la producción capitalista, capaces de articular una respuesta concreta a las continuas agresiones y aumento de la violencia capitalista en los centros de trabajo. Los sindicatos.

La lucha de clases es una lucha desigual y contradictoria por el poder. Existe, independientemente de lo que nosotros queramos. Esto significa que la organización social, tal como la conocemos, se erige a partir del antagonismo entre los que trabajamos y los que se benefician de ello. El poder capitalista se funda en ésta relación; y la cuestión de la vivienda, el problema de que los que tenemos que trabajar para vivir casi no podamos acceder a un techo, es un problema que tiene su origen en ese reparto desigual del tablero: en que los poderosos, además de permitirse pagarnos cada vez más bajos salarios, pueden exprimirnos un poco más a través del negocio con nuestras casas y garantizar las leyes que regulen, legitimen y naturalicen ambos procesos. Por eso, para plantear un camino posible de resolución del problema hay que estudiar la estructuración de los grupos sociales en esa balanza y cuáles son los factores que pueden alterar su posición de fuerza en ella: esto es, estudiar por qué los más, aun siendo más, aún siendo mayoría, pesamos menos.

En otro artículo de este mismo número se explica cómo en el negocio de la vivienda operan distintos grupos sociales. Desde aquellos que alquilan el piso que les quedó en herencia, o que compraron hace años como primera vivienda a través del acceso a una hipoteca, hasta los grandes fondos de inversión que a través de su posición de fuerza en el mercado  inmobiliario pueden condicionar al alza los precios. Es fácil de entender que quien pesa más, quién es verdaderamente poderoso, son estos grandes propietarios e inversores. Pesan más porque 1) tienen mucho más dinero, más capital: dinero e intereses invertidos no sólo en el sector inmobiliario sino en muchos ámbitos de la economía —que es lo que caracteriza a los grandes capitales de nuestra época— y 2) su posición social favorece y facilita además diversos mecanismos de conexión, influencia, control o presión sobre la arena política y los medios de comunicación y difusión ideológica. Un ejemplo concreto: en la UE existen más de 12.000 grupos de presión empresariales que se reúnen asiduamente con políticos de todo tipo para influir en la legislación. El factor fundamental de poder de los que hacen negocio con la vivienda es, por tanto, el propio dinero y la posición social que éste facilita y refuerza.

Así que, recapitulando: el problema de la vivienda tal como lo conocemos no existiría si no hubiera grandes beneficiados (rentistas y empresarios del sector inmobiliario). Tampoco existiría si nosotros, los y las trabajadoras, fuésemos capaces de ejercer más influencia a la hora de decidir cómo se organiza la sociedad. Sin embargo, no lo hacemos, y así los grandes ganadores de la crisis de la vivienda imponen sus intereses inmediatos, a diferencia de nosotros, gracias a que para hacerlo no necesitan alterar de base las estructuras de poder de la sociedad.

Esto es lo fundamental: el edificio político les favorece porque no cuestiona ni un mínimo los fundamentos sociales de su poder (lo que decíamos antes de la apropiación privada y el dinero). Por eso pueden existir gobiernos de uno u otro signo o color —que les favorezcan un poco más o un poco menos— pero que legitimen su poder (porque no cuestionan sus bases y fundamentos) y naturalicen todos los mecanismos de refuerzo de su influencia: lobismo, donaciones, presiones comunicativas… Incluso estrechando nuestro análisis a la perspectiva sociológica: gran parte de los políticos y comunicadores de éxito son amigos, familiares, o incluso ellos mismos parte del grupo que se beneficia de la crisis de la vivienda. Lo cierto es que una vez reunido cierto capital, lo moral es secundario y la pulsión objetiva es rentabilizar el dinero acumulado. Las condiciones de vida, el capital social, también son un mecanismo de reproducción y asimilación del poder capitalista. El 20% de los diputados percibe rentas del alquiler; en el ámbito de la comunicación o la cultura, por poner ejemplos, también es común que casi cualquiera con capital suficiente invierta directamente en propiedad inmobiliaria por ser ésta uno de los activos más seguros y rentables.

El poder de los sin poder

Entonces, ¿qué poder tenemos los que vivimos de nuestro trabajo y a duras penas pagamos religiosamente el alquiler? Desposeídos de dinero y capital, nuestro factor de poder es nuestro número; y la condición de posibilidad para ejercerlo es que nuestro papel social es el único suficiente y necesario para organizar la vida satisfactoriamente para todos. O sea: somos nosotros quienes hacemos que los trenes y autobuses salgan cada mañana, que la comida esté en los supermercados, quienes limpiamos las calles y enseñamos en las escuelas. Somos muchos más los que, madrugando para ir al trabajo cada mañana, sobrevivimos con un salario que no nos permite ni ahorrar. Esta superioridad numérica, y el papel social crucial que tenemos quienes ponemos diariamente en marcha todos los sectores de la sociedad, obliga a que los rentistas, empresarios y políticos no se puedan «pasar de listos» y adecúen sus políticas no sólo a lo que el capitalismo necesite en cada momento, sino también a la mayor o menor presión que nosotros estemos en disposición de ejercer.

Así que sí, dentro de unos márgenes, los partidos capitalistas, es decir, los que aceptan y naturalizan el orden fundado en la explotación asalariada, se ven forzados a reaccionar ante los problemas de la población. En primer lugar, porque la sociedad es contradictoria: si los trabajadores somos absolutamente esenciales, a nadie objetivamente, más que a quien inmediatamente se beneficia de ello (esto es, los sectores rentistas), le interesa que no podamos siquiera sobrevivir, esto es, tener un techo y comida para al menos ir a trabajar al día siguiente. En segundo: porque por muy desunidos y desorganizados que estemos, la violencia sistémica que sufrimos diariamente es fácil que devenga en estallidos sociales y crisis políticas. Por eso, en las elecciones, los partidos apelan a nuestros problemas e integran en sus programas soluciones parciales y parches, atrapados en la paradoja de necesitar conciliar en el corto plazo lo que en el largo es irreconciliable.

Ahora bien: si esta necesidad social y superioridad numérica es por sí sola capaz de generar cierta presión y miedo, es insuficiente por sí misma para generar poder: esto es, insuficiente para orientar la balanza hacia los intereses de los más. Que la clase obrera es mayoritaria lo sabemos nosotros, los comunistas, pero también los partidos capitalistas, sea cual sea su ideología. Así que esto no va sólo de números, no se trata de aritmética, sino de cómo y hacia dónde esos números se organizan, nos organizamos. Si bien en el caso de rentistas y empresarios estos cuentan con los mecanismos para imponer sus intereses inmediatamente, nuestro poder tiene que construirse de tal forma que sea su fuerza material (número, grado de organización y conciencia) lo que le dote de capacidad de imposición: esto es, que las ideas, consignas y propuestas se difundan y asimilen mejor,  que los medios se hagan eco de las mismas y los gestores políticos se vean obligados a tomarlas en consideración.

Pero como toda construcción, su potencial altura y dimensión depende de los cimientos. Por eso no es lo mismo votar cada cuatro años que parar los desahucios del barrio junto a vecinos y vecinas, participar en las asambleas u organizar una huelga. Cada una de estas formas de participación tiene consecuencias prácticas y subjetivas sobre cómo nos relacionamos con las causas que defendemos y, por tanto, sobre los límites y el alcance de las conclusiones y aprendizajes políticos que extraemos. El voto es un tipo de participación fácil que, por sí sola, es limitada en tanto que es pasiva, fundamentada en la delegación del ejercicio de la política, y por tanto no requiere una conexión constante y diaria con las ideas que se defienden. Parar un desahucio o participar en una huelga requiere una participación activa, con costes personales directos y exige una nivel distinto de conexión. La forma de relación con la política, con la lucha de clases, genera culturas organizativas y potencialidades distintas.

Del número a la fuerza

Responder a la pregunta de cómo organizar esos números, desde dónde construir su fuerza, requiere identificar qué espacio de la vida social genera conflictos lo suficientemente amplios como para promover y necesitar una participación masiva, intensa y constante, y a su vez provoque situaciones donde sea más fácil experimentar y elevar a dinámica general, sistémica (pero superable) el antagonismo entre los que trabajamos y los que se benefician de ello. Bajo estos criterios, el movimiento obrero —es decir, el conjunto de demandas que surgen y se articulan en el centro de trabajo— posee la mayor capacidad para construir mayorías sólidas en términos cuantitativos y cualitativos (además de ser el único ámbito objetivamente imprescindible para que cualquier tipo de sociedad funcione). Profundicemos en esto.

En primer lugar, el movimiento obrero, al articularse desde el centro de trabajo favorece la unidad más con base en lo que se padece que en lo que se piensa: semejantes y compañeros en un mismo espacio, que trabajan coordinadamente en distintas fases de un proceso, viven padecimientos similares, independientes de la ideología de cada uno. Esta cohesión social, generada por la propia actividad laboral (y, ojo, que esto es válido desde una fábrica a un Primark pasando por el bar), se fortalece cuando se transitan situaciones de desigualdad flagrante entre los trabajadores y el empresario.

Esta comunidad de experiencia e intereses facilita que las denuncias y reivindicaciones partan de los mismos trabajadores. Vamos, que quién se beneficia de explotar no se va a partir la cara por que aumenten los salarios o reorganicen los turnos; que o protestan los trabajadores, o nadie lo va a hacer. Lo cual contrasta con otros movimientos, en los que conviven intereses sociales más heterogéneos. No es raro encontrar en asambleas contra, por ejemplo, la turistificación a propietarios de negocios y pisos; que además por sus condiciones de vida disponen de más tiempo para participar en política y acaban teniendo más voz. Por el contrario, dentro de un mismo centro de trabajo, la composición de las reivindicaciones es más homogénea; y la participación potencialmente más simétrica, al ser el propio centro el lugar principal de reunión y decisión.

La homogeneidad y potencial unidad es reforzada por el hecho de que dentro del sector privado existe una presión continua del capitalista, fruto de competir con otras empresas, para exprimir más trabajo –por tanto dinero– a cada trabajador. La presión del empresario, reloj en mano y midiendo la productividad, impone una tensión constante a la plantilla. Incrementar beneficios obliga a prolongar jornadas, reorganizar procesos de trabajo o introducir nuevas tecnologías, todo a un ritmo más frenético que el de la propia competencia. Hay que ser los primeros. En una coyuntura histórica de cambio constante, de internacionalización y competencia sin parangón, para que los trabajadores estemos en disposición de ganar mejores condiciones ya no basta con estallidos puntuales de rabia: se vuelven necesarias para el movimiento obrero las formas de organización estables, coherentes con las formas contemporáneas de la producción capitalista, capaces de articular una respuesta concreta a las continuas agresiones y aumento de la violencia capitalista en los centros de trabajo. Los sindicatos.

Pero estas formas estables, que han de servir para la lucha sindical en el centro de trabajo, se vuelven insuficientes si limitan su acción a una sola empresa, conforme la concentración de capital y la fusión de empresas adquiere mayores dimensiones. La mejora salarial en una empresa puede hacer que ésta se vuelva menos competitiva que otra donde el empresario extrae mayor beneficio de unos trabajadores más dóciles y desorganizados. Por esta razón, la expansión del movimiento obrero por toda una rama de la producción –es decir, empresas que proveen productos y servicios similares– y en consecuencia la conformación de sindicatos de industria, es un patrón común y necesario en todos los países capitalistas.

Esta tendencia de estructuración social hace del movimiento obrero un suelo extremadamente fértil desde el que trabajar por construir mayorías activas y con capacidad de torcer el brazo al bloque de poder que constituyen empresarios, políticos y rentistas. La huelga es el mejor ejemplo de esta capacidad, pues demuestra, solidaridad y democracia proletaria mediante, el papel social esencial de la clase obrera frente al resto de clases. Sin embargo, el recorrido y alcance del movimiento obrero es también muy dependiente de hacia dónde se dirigen sus esfuerzos.

No hay atajos contra el negocio de la vivienda

Si hablamos de dirección, hoy en día en cualquier movimiento –especialmente en el movimiento obrero por su importancia histórica–, hay que hablar de aquellas fuerzas que más influencia ejercen en él. Con nombres y apellidos, hablamos de partidos de gobierno como el PSOE así como sus patas izquierdas: SUMAR y/o PODEMOS. Aún con sus diferencias, todos basan su estrategia en la conquista parlamentaria: representar en el parlamento, influir en el Gobierno y, por tanto, en las decisiones legislativas y su ejecución. Son una mutación de la socialdemocracia clásica, cuyas formas de estructuración social se encuentran en mínimos históricos y que ya ni se reconocen —no lo necesitan, tampoco— en horizontes transformadores y revolucionarios. Basta con activar electores y movilizar activistas a través de la ingeniería discursiva y los canales de difusión de la sociedad civil. Hacen de los sindicatos un lobby, ahondando en el divorcio entre sus cúpulas y su base organizativa, condenándolos a su progresivo aislamiento y corporativización. La relación con los movimientos sociales es cada vez más exterior.

Esta tendencia, esta mutación de la socialdemocracia histórica, que en los últimos años, coincidentes con un periodo de integración de las capas medias en la gestión del Estado, se ha tornado evidente, resultará, si no nos tomamos en serio las cosas, en la culminación de un proceso iniciado ya hace demasiadas décadas de desarticulación política y organizativa de la única clase que ha demostrado que, movilizada y organizada, puede cambiar la situación. Esta lógica socialdemócrata es la lógica de la representación: de la calle divorciada y subordinada a la institución, o a una parte —la suya— de la institución. Una parte que, paradójicamente, cuando toca Gobierno hace todo lo posible por desactivar esta fuerza social, y así estamos ahora. Si no, pregúntate cuándo se convocó la última huelga general en España –una trabajada a conciencia y con voluntad de éxito– pese a que hoy seamos mucho más pobres que hace una década.

Normal que en esta situación participar en el movimiento obrero, y aún más en los sindicatos de trabajadores, resulte una opción antiintuitiva a la hora de luchar contra el negocio de la vivienda. La organización en el centro de trabajo es incómoda, especialmente cuando uno está solo y falto de experiencia, más aún cuando no existe una estrategia sindical general que haga ver que afiliarse a un sindicato es más que pagar una suscripción por acceder a una suerte de seguro; ni existe tampoco un plan particular para el problema de la vivienda que vaya más allá de hacer lobbismo en las instituciones. Pero si la cuestión de la vivienda es una derivada del problema del salario, entonces el movimiento obrero es una fuerza no sólo necesaria, sino determinante en su resolución.

¿Por qué no exigir complementos salariales, asumidos por el empresario, según el precio del alquiler para que la crisis de la vivienda la sientan también las empresas? ¿Por qué no preparar con tiempo y a conciencia una huelga general mano a mano con las organizaciones de barrio y de vivienda? La lógica perversa de la integración en las instituciones como fin, que para los obreros y obreras es absolutamente inútil y sólo es funcional para quienes aspiran a acceder en algún momento de su vida a una parte del pastel, supone subordinar e hipotecar aquello que es necesario (reforzar y movilizar nuestro propio poder) a lo aparentemente posible. Esta lógica, especialmente operante dentro del movimiento sindical, es la que hay que desarticular, a través de la promoción de una específica práctica política y sindical, para articular toda la potencialidad transformadora del movimiento obrero en unidad con otros movimientos y sus organizaciones; y que esta sea la práctica en la que cada vez sean más quienes aprendan a luchar contra los que nos hacen la vida imposible día tras día.

El camino que proponemos no es sencillo, por el contrario es largo y sinuoso. Podríamos afirmar que solo hace falta depositar un sobre en una urna cada cierto tiempo, confiar en este u otro político para que una vida algo mejor esté a la vuelta de la esquina. Sería mentir: no hay atajos. Quienes se benefician de este negocio no tienen hoy razones para dejar de presionar a favor de sus intereses; quienes gobiernan, tampoco las tienen para una Ley de Vivienda que vaya más allá del parche. Alterar el equilibrio de poder requiere volver a poner nuestros factores de fuerza en movimiento: el número y la unidad, la comunidad de experiencia e intereses percibida a través de los problemas y formas de violencia cotidianas, especialmente aquellas que se producen a pie de centro de trabajo. Pero de poco sirven el número y la fuerza si esta última se activa o se dispersa con base en el calendario electoral en general y el del PSOE en particular.

El camino que proponemos es largo; pero es el único posible, construible paso a paso. Entendemos que suene poco convincente, poco atractivo: si has llegado a la conclusión de que la vida en el capitalismo, para los trabajadores, es una mierda, quizá la inercia de las cosas haga mucho más sencilla la inacción, la participación puntual, el enfado, incluso cierto hedonismo evasor del presente. Para nuestra desgracia, ninguna de esas articulaciones ideológicas es un analgésico lo suficientemente fuerte. Tampoco hay sensación mejor que la de recuperar la esperanza en un proyecto común, ser parte activa de él, cuando todo nuestro presente es de desaliento. Pero si el reto está en demostrar que hay una alternativa a la resignación, para eso necesitamos miles de manos. El punto nodal de la propuesta de este artículo es, a grandes rasgos, que la política, nuestra política, la de los que por ahora vamos perdiendo en la historia, no puede ser una política que delegue, sino que parta de la premisa de que somos sujetos, por tanto agentes y sólo desde esta concepción no exterior, no paternalista, de nuestro papel y nuestra fuerza es demostrable, desde las premisas de nuestro presente, que otro mundo es posible (uno en el que sí, nuestro poder sea la garantía de que el acceso a la vivienda es un derecho inalienable).